En prisión se mantienen Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina, a quienes les faltan 9 años de cárcel. Ellos son beneficiarios de los derechos contenidos en el Código Orgánico Procesal Penal, los cuales no se los otorgan porque se necesita «una orden de Caracas»
La memoria se pierde entre tantos recuerdos acumulados a lo largo de 22 años. Más aún cuando esas dos décadas se han vivido tras las rejas. Son los barrotes que sellan el encierro de los policías metropolitanos Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina, condenados a 30 años de prisión por delitos que la justicia comprobó que no cometieron, según recuerda María Bolívar.
La tía del agente Erasmo Bolívar ha visto pasar los años en las carreteras que la conducen a las cárceles. Primero en Caracas, después en el estado Miranda donde está el Centro Nacional de Procesados Militares, conocido como cárcel de Ramo Verde. Ahora, con mucha menos frecuencia, al Centro Penitenciario de Oriente, la famosa cárcel Fénix, en el estado Lara, pues los recursos no alcanzan.
Ella recuerda los ojos de su sobrino, el agente Erasmo Bolívar. «Están llenos de frustración, tristeza, de desesperanza. Son 21 años en prisión, 22 navidades que se cumplen este 2024. Ser inocente no le sirvió de nada, él es un preso político de este gobierno, condenado por una orden presidencial que lo alejó de su familia y de su futuro».
22 navidades en prisión acumulan los policías metropolitanos
Es lo que María Bolívar ha visto también en la celda de Héctor Rovaín. El inspector que cumple condena de 30 años, igual que Bolívar y Luis Molina, se refugió en Cristo y así, de la mano de Dios, ha sobrellevado esta dura prueba. El perdió a su madre y a su padre estando en prisión. Más de dos décadas después mantiene su fé intacta.
El cabo Luis Molina comparte el encierro en Fénix. Tristeza, desolación, desesperanza lo acompañan hoy, cuando en retrospectiva ve lo que ha sido la historia de su vida, a partir de aquel 11 de abril de 2002, en Puente Llaguno, cuando por instrucciones de la superioridad salió, junto a sus compañeros, a resguardar las vidas de quienes ese día decidieron protestar contra el gobierno de Hugo Chávez.
En la avenida Urdaneta de Caracas la Policía Metropolitana intentaba contener a los manifestantes y también resguardar a posibles víctimas de los pistoleros de Puente Llaguno, devenidos en una suerte de héroes para el oficialismo. Ese día se registraron 19 muertes, pero sólo hubo juicio por dos, Erasmo Sánchez y Rudy Urbano Duque.
Los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero fueron condenados como presuntos autores intelectuales de las muertes. Los funcionarios Marcos Hurtado, Arube Pérez, Erasmo Bolívar, Julio Ramón Rodríguez, Luis Enrique Molina, Héctor Rovaín, Rafael Neazoa López y Ramón Zapata fueron acusados por estar en el sitio. Con excepción de Neazoa y Zapata, fueron condenados por los delitos de homicidio calificado frustrado en grado de complicidad correspectiva, lesiones personales graves y leves en grado de complicidad correspectiva.
Un juicio largo y lleno de ilegalidades
Fueron sometidos al juicio más largo de la historia. María lo recuerda con claridad, porque lo vivió. Duró casi siete años en los que se presentaron distintas evidencias, pero fundamentalmente las técnicas y criminalísticas no arrojaron resultados. Los testigos no certificaron la culpa de los acusados. El 3 de abril de 2009, sin embargo, fueron sentenciados a distintas condenas por el Tribunal Cuarto Mixto de Juicio del estado Aragua, a cargo de Marjorie Calderón.
Simonovis, Vivas, Forero, Rodríguez, Bolívar, Molina y Rovaín recibieron condenas a 30 años de prisión. Marco Hurtado y Arube Pérez, a 16 años y 8 meses y a 17 años y 10 meses respectivamente. Neazoa y Zapata salieron de prisión en 2009. Varios años después, los tres comisarios y Rodríguez recibieron casa por cárcel por razones de enfermedad. Hurtado y Pérez cumplieron su condena.
En prisión se mantienen Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina, a quienes les faltan 9 años de cárcel. La inocencia de todos fue confirmada por el ex magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte. El admitió que Hugo Chávez presionó al Poder Judicial para condenar a los funcionarios. Nada pasó.
Leyes que no se aplican, derechos que no se respetan
Tampoco las leyes los han podido sacar de la cárcel. Los tres funcionarios son beneficiarios de los derechos contenidos en el Código Orgánico Procesal Penal. El destacamento de trabajo permite al recluso salir a trabajar y regresar al centro de reclusión cada noche. Puede recibir este beneficio cuando tenga la mitad de la pena cumplida.
En el régimen abierto se envía al recluso a un centro de tratamiento comunitario, donde trabaja y pernocta de lunes a jueves. Viernes, sábado y domingo duerme en su casa. Se otorga a partir de los dos tercios de la pena impuesta.
La libertad condicional establece medidas de presentación periódicas ante el tribunal y de ella se goza a partir de las tres cuartas partes de la pena. El confinamiento permite al recluso vivir a 120 kilómetros del lugar donde ocurrieron los hechos. En la última reforma del COPP se eliminó el confinamiento, pero los PM fueron juzgados con el código anterior, por lo tanto preservan sus derechos.
Los policías metropolitanos están amparados por la Ley de Redención Judicial de la pena, que conmuta un día en prisión por cada dos días estudiados o trabajados. El tiempo así redimido se les contará también para la suspensión condicional de la pena y para las fórmulas de cumplimiento de ésta.
¿Quién se acuerda de los policías metropolitanos?
Pero no ha habido forma de que puedan recibir estos beneficios, pese a que sus familiares los han pedido en reiteradas oportunidades. La respuesta de cada juez es que hay que esperar una orden superior, «de Caracas».
Mientras tanto las vidas de Rovaín, Bolívar y Molina se consumen entre las rejas. Sus familias piden que no los olviden. Están conscientes de que en Venezuela una noticia tapa la otra y que ellos, con tantos años dentro de una prisión, se van alejando de la memoria colectiva. Por eso vale la pregunta: ¿Quién se acuerda de los policías metropolitanos?