Madrid, 19 may (EFE).- El socialista José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió este martes en el primer expresidente del gobierno español imputado, en el marco de un caso de tráfico de influencias relacionado con la aerolínea Plus Ultra, en el que un juez ha cifrado hoy en unos dos millones de euros los presuntos beneficios que habrían recibido él y su entorno.
En el auto de imputación, el juez de la Audiencia Nacional española José Luis Calama apunta a la «existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, liderada por él (Zapatero)», cuyo objetivo es «la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra».
El caso trata de una posible influencia dirigida a que se aprobase la ayuda pública de 53 millones de euros para rescatar a la aerolínea española, en la que supuestamente empresas e individuos cobraron comisiones ilegales.
Este caso fue archivado pero ha sido reabierto al descubrir en 2024 la fiscalía anticorrupción que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de operaciones presuntamente corruptas relacionadas con altos funcionarios de Venezuela.
Casi dos millones en ganancias
Zapatero, miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y presidente del Gobierno de 2004 a 2011, ha sido imputado por tres delitos -organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental- y el juez cuantifica los beneficios en 1,9 millones de euros, repartidos entre diferentes empresas.
Explica, por ejemplo, que Análisis Relevante -propiedad del amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, y cliente de Plus Ultra- «habría remitido 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav», la empresa de sus hijas.
Asimismo «el Gate Center (un ‘think tank’) habría enviado 352.980 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 171.727 euros a Whathefav», y las «sociedades del grupo Thinking Heads (de relaciones públicas) habrían remitido 681.318 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 12.297 euros a Whathefav».
Todo ello mediante una presunta «trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables».
El juez también aprecia indicios de un posible delito de blanqueo, especialmente en lo relativo a la creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia.
Zapatero dijo que «jamás» hizo gestiones
El expresidente aseguró tras su imputación que «jamás» hizo gestiones ante ninguna «administración pública ni sector público en relación con el rescate» de la aerolínea Plus Ultra.
«Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad», garantizó en un vídeo remitido a los medios después de recibir este martes una notificación de la Audiencia Nacional española citándolo como investigado para el próximo 2 de junio.
El político español expresó su disposición «por supuesto» a colaborar con la justicia, pero reiteró que «jamás» ha tenido ninguna sociedad mercantil, «ni en España ni fuera de España», ni directamente ni a través de terceros, ni ha participado en ninguna operación de ese tipo.
Apoyo del Gobierno
El Gobierno y su presidente actual, Pedro Sánchez, salieron a defender el «buen nombre» de Zapatero y se mostraron tranquilos y con confianza en la justicia, mientras que la oposición pidió la comparecencia urgente de Sánchez.
En un mensaje dirigido a los miembros de la Ejecutiva del PSOE, al que tuvo acceso EFE, Sánchez reconoció que son «momentos duros» para el partido y que «con todo, hoy más que nunca» los socialistas deben reafirmarse en su tarea «de seguir luchando por hacer avanzar» el país, pero a la vez salir a defender el «buen nombre de un compañero, el presidente Zapatero, que tanto bien hizo y hace a favor de la causa socialista».
La portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, confió en que se «haga justicia» y recordó que la investigación a Plus Ultra comenzó con una denuncia de una organización «ultra, Manos Limpias»
Desde la oposición del Partido Popular (derecha) ven la imputación de «extrema gravedad» por lo que ha exigido la comparecencia urgente para que dé explicaciones de Sánchez, a quien este caso le llega en un momento en el que otros exmiembros de su gabinete y personas cercanas también han sido imputadas en casos de corrupción.
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