Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr
Las negociaciones entre el gobierno interino y un sector de la oposición no comenzaron como se esperaba y no hay segunda oportunidad para dejar una primera buena impresión. Estas negociaciones son impulsadas por un actor externo que -más que un mediador- ha decidido unilateralmente quiénes se sientan en la mesa y quiénes quedan excluidos. Por eso se cuestiona la representación y legitimidad de los participantes. Son todos los que están, pero no están todos los que son. Para que las negociaciones y los acuerdos tengan reconocimiento y respaldo nacional e internacional, el proceso tiene que ser más incluyente y abrirse a otros actores que representan al país descontento con el gobierno y la oposición. Por lo tanto, el proceso no puede ser forzado ni excluyente, tiene que ser el resultado de la convicción y compromiso de los actores en pugna con una solución pactada, democrática y pacífica del largo conflicto político venezolano.
María Corina Machado y Edmundo González marcaron distancia con este nuevo intento de negociación política. A través de un comunicado conjunto, informaron que no fueron llamados a participar en el diseño y ejecución de las negociaciones entre el gobierno interino y la AN-2015. Ambos reclaman el reconocimiento a su liderazgo que surgió en las Primarias del 22 de octubre de 2023 y en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024. Llaman a los partidos de la oposición a que cumplan los “Acuerdos de Panamá” en los que aceptaron la jefatura de MCM en las negociaciones con el gobierno interino y EEUU. Dinorah Figuera aclaró que la iniciativa de impulsar las negociaciones que excluyen a MCM no surgió de una dinámica parlamentaria interna, sino del Departamento de Estado, y que las directrices provienen directamente de Marco Rubio.
Sin embargo, MCM-EGU dijeron que no serán un obstáculo y que evaluarán el proceso con base en los avances en materia de recuperación de las instituciones democráticas, liberación de los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusión, fijación del cronograma electoral presidencial y el respeto a la soberanía popular. Y aunque no han sido autorizados por Trump, anunciaron que regresarán al país para recorrer las regiones y trabajar en un Gran Acuerdo Nacional para la Reconstrucción de la República.
Los asesores electorales de Vente Venezuela afirman que es viable organizar una elección presidencial en siete meses y presionan para que se fije una fecha. MCM ya no pide que se haga valer el resultado de las Presidenciales de 2024 y ahora anuncia que será candidata a la presidencia. Pero Trump ha vuelto a decir que Venezuela todavía no está preparada para unas elecciones. Desde Washington le han advertido a MCM que no puede regresar a Venezuela a calentar la calle para reclamar elecciones, antes de que concluya la segunda fase de recuperación económica. A los activistas de MCM los relacionan con las protestas frente a la Embajada de EEUU y con las críticas al Encargado de Negocios, John Barrett, por su cooperación con el gobierno interino.
En el Departamento de Estado y en la Embajada de EEUU en Venezuela hay malestar por las declaraciones de MCM. Mientras Trump cada vez que puede elogia el trabajo de Delcy Rodríguez y dice que -a pesar del terremoto- los venezolanos están felices y bailan en las calles, MCM lo contradice y afirma que el país está de mal en peor, que Venezuela sigue en manos del mismo gobierno corrupto e incapaz de sacar al país de la crisis, ahora agravada por el terremoto. No está de acuerdo con el apoyo de Trump al interinato y dice que la reconstrucción del país requiere “un gobierno nuevo con autoridad moral y capacidad gerencial”.
Así, MCM se ha convertido en la aguafiestas de la narrativa triunfalista de Trump sobre Venezuela. Y sus seguidores temen que, si reta a Trump y regresa a Venezuela sin autorización, EEUU les quitará a todos el apoyo y se impondrá una nueva narrativa en la que MCM terminará acusada de ser una líder egoísta que solo exige elecciones para lograr su ambición personal de ser presidenta. La tensión entre la prioridad económica de Trump y la urgencia política de MCM para forzar un calendario electoral antes de que su liderazgo se desinfle, la ha alejado del Modelo Transaccional de Trump y le ha quitado a ella el protagonismo.
MCM representa un liderazgo radical no transaccional que la Casa Blanca teme pueda recrudecer el riesgo de violencia política que se consideró superado al declarar concluida la Primera Fase de Estabilización Política. Para conjurar esta amenaza, el Departamento de Estado prefiere interactuar con los debilitados partidos del G4 que controlaron la AN 2015 y que ahora muestran una acción política más burocrática y moldeable a las exigencias del Modelo Transaccional de Trump. Por eso Voluntad Popular y Primero Justicia han sido incorporados a la delegación del sector de la oposición que se sentará a negociar con el interinato.
Ahora no solo es la diatriba entre quienes se arrogan la condición de “oposición verdadera” que no pacta con el gobierno y los “alacranes” colaboracionistas que se sientan a negociar con el régimen. Con la decisión de Voluntad Popular y Primero Justicia de integrar la delegación de la AN-2015 surgen nuevas tensiones en el seno de la propia PUD. Los que se desmarcan de los “Acuerdos de Panamá” no se afanan por obtener la “certificación de lealtad a MCM” y aprovechan que ella no se atreve a regresar al país sin permiso de Trump para disputarle en el terreno la dirección política de la oposición.
Por instrucciones de Trump y Rubio, las negociaciones comenzarán sin MCM en una mesa en la que se sentarán 10+10, la mayoría figuras poco conocidas que carecen de legitimidad de origen y de desempeño. Tienen la tarea de lograr unos acuerdos básicos para preparar las condiciones de la Tercera Fase de Transición Política, en el marco del Plan de las Tres Fases del Plan de Trump para Venezuela.
Para aliviar las presiones de los Senadores de EEUU que presentaron una resolución bipartidista para exigir elecciones libres en Venezuela, Marco Rubió declaró que “espera que la transición política en Venezuela se produzca en meses y no en años”. Rubio no le habla a los venezolanos sino a los senadores estadounidenses que en un comunicado plantearon: “El pueblo venezolano merece elecciones libres, justas y transparentes, y es vital para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos que dichas elecciones se celebren con prontitud. Un gobierno legítimamente elegido sentaría las bases para la libertad y la prosperidad en Venezuela y establecería el fundamento de una alianza profunda y duradera con Estados Unidos”. Estas declaraciones ejercen una presión para anunciar los siguientes acuerdos:
- Reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE) con cambios profundos en la composición de sus rectores y gerentes, y en el funcionamiento del poder electoral, en función de asegurar su institucionalidad, imparcialidad y credibilidad en la organización de elecciones limpias y trasparentes.
- Apertura del Registro Electoral Permanente (REP) para actualizar los datos e inscripción de los nuevos votantes en el territorio nacional, así como la inscripción y participación en las próximas elecciones de los venezolanos que migraron y hoy se encuentran en otros países.
- Reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la elección de nuevos magistrados en la Sala Electoral para establecer y respetar las nuevas reglas que regirán los futuros procesos electorales, y así garantizar su transparencia y credibilidad.
- Revisión de inhabilitaciones políticas con el objetivo de levantar las restricciones arbitrarias e injustificadas que impiden a los actores políticos participar en los comicios que se convoquen.
La oposición está en su peor momento. La AN-2015 -a pesar de estar integrada por solo 167 diputados y no por los 277 de ahora-, ni siquiera puede hacer el quorum de 84 diputados. La mayoría de los diputados principales que fueron electos reconocen que su período constitucional se venció el cinco de enero de 2021 y no representan la soberanía nacional ejercida a través del voto. Por lo tanto, la actual representación de diputados suplentes de lo que fue la AN-2015 actuará como un interlocutor de EEUU. Y así, el país descontento se queda sin una auténtica representación en el proceso de negociación.
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