Una reunión de trabajo en Bogotá para analizar la grave crisis y violación de los derechos humanos en Venezuela sostuvo el parlamentario nacional jubilado y defensor de los derechos humanos Walter Márquez con el relator para Venezuela de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH), el peruano Francisco Eguiguren.
En compañía de los magistrados en el exilio José Luis Rodríguez Piña y Rafael Antonio Ortega Matos, Walter Márquez le replanteó a Eguiguren el tema de la Comunidad Morales, cuyo expediente cursa ante ese organismo; el caso de Joel Rojas, quien estuvo preso de manera arbitraria por la conocida masacre de Mata de Caña, cometida por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la que este grupo irregular asesinó a varios soldados, guardias nacionales y técnicos de Petróleos de Venezuela, al tiempo que le consignó un informe sobre el delito de exterminio en Venezuela por la privación alimentos y medicinas en el país, el cual va a ser incorporado a los análisis que está haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca).
Masacre de El Junquito
Otro de los temas ampliamente discutido fue la denuncia que se consignó ante el funcionario de la OEA sobre la masacre de El Junquito en la que fueron asesinadas siete personas, entre ellos Óscar Pérez y la tachirense Lisbeth Ramírez, cuyos familiares le han solicitado a Walter Márquez que los siga acompañando en la búsqueda de justicia a nivel nacional e internacional, por lo que le solicitó a la Comisión Interamericana que abriera una averiguación por la responsabilidad del estado venezolano.
En este caso recordó Márquez que el abogado tachirense William Cárdenas Rubio, presidente de la Plataforma Democrática Venezolana, residenciado en Madrid, España, “hace unas semanas consignó una denuncia en la Corte Penal Internacional en La Haya sobre la masacre de El Junquito y el caso de Óscar Pérez y Lisbeth Ramírez, y esta semana está consignando un nuevo escrito sobre la ocultación y alteración de evidencias, ya que el régimen de Maduro contravino lo establecido en la legislación nacional y tratados internacionales al destruir la vivienda donde estaban las víctimas y al haber limpiada la zona para desaparecer pruebas de toda las evidencias criminalísticas que comprometen seriamente a los autores intelectuales y materiales de este reprochable crimen colectivo, tipificado como un delito de lesa humanidad de acuerdo al artículo 7, numeral A del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”.
Por la masacre de El Junquito cursan dos denuncias complementarias, una ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Washington para exigir la responsabilidad del estado Venezolano y otra ante la CPI en La Haya para exigir la responsabilidad de Nicolás Maduro y el alto mando militar y policial en este hecho lamentable que demostró una vez más que en Venezuela se vulnera abiertamente el derecho a la vida y las garantías constitucionales.
Además de estas nuevas denuncias formales ante las instancias internacionales Walter Márquez señaló que se están solicitando tres pedimentos: primero, que se acumulen todas las denuncias sobre violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que cursan sobre Venezuela en la CPI en La Haya; segundo, que el análisis del examen preliminar anunciado por la Fiscal ante la CPI sea global además de las protestas populares de 2017, y tercero, que haya celeridad procesal, porque la comunidad internacional, especialmente el parlamento Europeo y el Grupo de Lima solicitaron el 8 y el 13 de febrero una investigación contra el régimen de Venezuela por crímenes de lesa humanidad.
NP