Dentro del ciclo de conferencias sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela que se iniciaron este jueves 22 de junio con motivo del primer aniversario del Comité Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), Walter Márquez, defensor de los derechos humanos y presidente de la Fundación El Amparo, pidió prisión perpetua para Nicolás Maduro en vista de la cantidad de pruebas que presentó en la conferencia sobre las deportaciones forzosas que sobrepasan los 24 mil 500 víctimas en base a la orden de expulsión de los colombianos de Venezuela en agosto de 2015 cuando el presidente del régimen venezolano decretó el estado de excepción en la frontera y le ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y al propio gobernador del Táchira para la época, José Gregorio Vielma Mora de deportar a colombianos.
Walter Márquez presentó un cúmulo de pruebas entre ella la sentencia de la Corte Constitucional colombiana del año 2015, que señaló lo ocurrido como un hecho público, notorio y comunicacional, además porque el gobierno de Colombia probó las deportaciones forzosas con una gran cantidad de pruebas escritas y mostró el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA del año 2015 sobre este tema, el informe de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre de Colombia (UNGRD), registro de víctimas en el que están numeradas una por una las más de 24 mil víctimas tanto de deportaciones como de desplazamientos forzosos y señaló también el marco legal de las normas que se violaron tanto desde el punto de vista nacional como de la ley de migración en Venezuela y la Ley de Defensa del Derecho a la Vivienda como tratados bilaterales entre ellos el tratado de Tonchalá y normas internacionales, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el propio Estatuto de Roma.
REQUISITOS ANTE LA CPI
Walter Márquez explicó que se habían cumplido todos los requisitos ante la Corte Penal Internacional, el primero el principio de materialidad porque son crímenes de lesa humanidad la deportación forzosa; también el principio de temporalidad porque los hechos fueron posteriores a julio de 2002 cuando entró en vigencia el Estatuto de Roma, y el principio de complementariedad porque en Venezuela se agotó la vía nacional ante el Ministerio Público y la decisión de desestimiento fue ratificada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en el año 2016.
Igualmente Walter Márquez demostró la responsabilidad de toda la cadena de mando que participo en estos hechos, incluyendo a Nicolás Maduro como jefe de gobierno, pues era el presidente de la República para la época, y especialmente como Comandante en Jefe de la FANB, quien de acuerdo a la Constitución de la República , la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y el Estatuto de Roma señala que el jefe militar o quien haga las veces es el responsable por la acción o por la omisión de sus subalternos en cometer crímenes de competencia de la corte como es el caso de las deportaciones forzosas, por eso le está solicitando al nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien debe pronunciarse en los próximos días ante la sala de asuntos preliminares de la CPI, que inicie la investigación contra Maduro, que por la gravedad de los hechos por la gran cantidad de víctimas se le está solicitado prisión perpetua para Maduro.
Por su parte, el presidente de Ciciven, William Cárdenas Rubio, se mostró satisfecho por el trabajo de lucha contra la impunidad, pues considera que lo que pasa a Venezuela va más allá de lo jurídico y se convierte en un tema humanitario que debe ser analizado desde diferentes perspectivas, y lo que está ocurriendo en la CPI, en la Corte Interamericana y en otras instancias internacionales nos hace tener un optimismo moderado, pero esperando que pronto cambie el rumbo del caso Venezuela en La Haya para alegría de todos los venezolanos y especialmente de las víctimas que siguen esperando justicia.
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Al presentar a Walter Márquez, Cárdenas Rubio lo calificó como el alma de Ciciven pues indicó que puso en marcha la iniciativa que ahora se convierte en un esfuerzo colectivo, la persona que con mayor constancia criticó la conducta impropia de la anterior fiscal de la CPI Fatou Bensouda y ha documentado exhaustivamente los expedientes por crímenes de lesa humanidad que ha introducido en La Haya.
En el foro también participaron Adriana Barragán, presidenta del Comité de Víctimas de las deportaciones forzosas y Carlos Cárdenas, entre otros quienes contaron sus experiencias personales como víctimas de las deportaciones y desplazamientos forzosos en las fronteras colombo-venezolanas en agosto de 2015, demostrando que a pesar de haber transcurrido 6 años de impunidad, la secuelas se mantienen porque cada una de las víctimas representa un drama personal y familiar.
