Walter Márquez, defensor de los derechos humanos, director general del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN) y presidente de la Fundación El Amparo, informó que este 21 de junio , la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal Internacional en La Haya en un escrito dirigido a la Sala de Asuntos Preliminares y al nuevo fiscal Karim Khan, manifiesta su preocupación sobre la conclusión del examen preliminar de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional , referente a la situación en la República Bolivariana de Venezuela, en el que resalta que “cualquier litigio relacionado con la conducta del Fiscal o la conclusión del examen preliminar en Venezuela afecta los intereses personales de las víctimas debido a las decisiones relativas a la apertura de una investigación”.
De manera concreta señala el escrito en cuestión, que las víctimas están preocupadas y angustiadas por el reciente anuncio en los medios de comunicación de que Venezuela , refiriéndose a su gobierno, se opone a un proceso de investigación por parte de la Fiscalía y se han dirigido a la Sala de Asuntos Preliminares, pues el hecho de que el juicio sigue siendo confidencial suscita especulaciones, por lo que el alcance del litigio en curso tiene un impacto potencial sobre las víctimas en su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.
Igualmente refirió Márquez que la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la CPI indica que las víctimas también están preocupadas por la solicitud de Venezuela de convocar a una audiencia y particularmente por la posibilidad de que las opiniones de las víctimas no se transmitan y formen parte de los debates judiciales.
Retraso en el Examen Preliminar
Manifiesta el también parlamentario nacional jubilado, que la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la de la CPI, coordinada por la abogada italiana Paolina Massida, confirma los retrasos en el examen preliminar en Venezuela cuando de manera textual señala: “las víctimas llevan casi 4 años esperando la apertura de una investigación de los delitos que sufrieron. La CPI es el único recurso judicial disponible para muchos de ellos. Por lo tanto, cualquier intento de Venezuela de prevenir o limitar la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía afecta de manera crítica la integridad personal de las víctimas”.
Además, explicó, que la comunicación concluye solicitando a la Sala los antecedentes de esta situación que les preocupa, “y la abogado Massida requiere que las víctimas sean informadas de ese proceso que está en curso ante la Sala con el fin de ejercer su derecho de dirigirse a la Corte”.
— En ese sentido –expresó Walter Marquez- estamos en presencia de dos hechos importantes: uno la preocupación de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la CPI del rechazo del gobierno de Venezuela a la apertura de una investigación y también la solicitud de una audiencia en la Haya en la que no se respeten los derechos de las víctimas; y por otro lado destaca de manera clara y precisa el retraso de casi 4 años en la apertura de una investigación de esos delitos.
Como conclusión a lo planteado, Walter Márquez sostiene que la afirmación de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas “confirma la alerta que hemos venido manifestando hace más de cuatro (4) años en junio de 2017, sobre los retrasos injustificados por parte de la fiscal saliente Fatou Bensouda en la iniciación e investigación de esos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, por el régimen de Nicolás Maduro , en concordancia con el artículo 46 del Estatuto de Roma y la Regla 24 de Procedimiento y Pruebas, por lo que celebramos que la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la CPI alerte sobre las maniobras del régimen venezolano de paralizar cualquier investigación y así mismo confirme los retrasos en el examen preliminar que se debía haber abierto recientemente pero que la fiscal Fatou Bensouda en su declaración de despedida no anuncio como era su compromiso público ”.