Más de 40 países le están solicitando a la Corte Penal Internacional abrir una investigación por crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro, lo cual indica el nivel de preocupación que existe en el mundo por la situación que el régimen de Venezuela ha generado no solo para sus propios habitantes, sino incluso para le región, indicó el parlamentario nacional jubilado y defensor de los derechos humanos Walter Márquez
Destacó que primero fue el Parlamento Europeo, órgano legislativo de los 27 países de la Unión Europea, en solicitar el pasado 8 febrero una investigación a la Corte Penal Internacional (CPI) contra el mandatario venezolano. En un extenso documento donde analizan lo que ocurre en el país, los parlamentarios europeos solicitan ampliar las sanciones impuestas por la Unión Europea a funcionarios de altos cargos del gobierno en Venezuela, incluido el presidente Nicolás Maduro, al tiempo que condenan la expulsión del embajador español en Caracas, Jesús Silva.
Destaca en este documento el exhorto “a la fiscalía de la CPI que, según lo dispuesto en el Estatuto de Roma, inicie investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen venezolano y solicita a la Unión que desempeñe un papel activo en este sentido”.
También el 13 de febrero el Bloque Diplomático de 15 países que conforman el grupo de Lima aprobó un acuerdo en el que manifiestan su rechazo a la ilegal convocatoria de elecciones presidenciales, pues consideran que no puede haber “elecciones libres y justas con presos políticos, sin la plena participación de los partidos políticos y líderes detenidos o inhabilitados arbitrariamente, con una autoridad electoral bajo el control del Gobierno, sin la participación de millones de venezolanos en el extranjero imposibilitados de votar”.
El grupo de Lima “toma nota de la decisión comunicada por la Fiscal General de la Corte Penal Internacional de conducir un examen preliminar sobre la situación de Venezuela sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos en las protestas de 2017” con lo cual se suman al parlamento europeo para que se materialice esta solicitud.
En esta misma línea de acción recordó Walter Márquez que el pasado 16 de febrero la Internacional Demócrata Cristiana (IDC) aprobó una resolución sobre la situación actual de Venezuela.
“La organización considera que el país ha dejado de ser una democracia, sus instituciones republicanas y el tejido social han sido paulatinamente destruido convirtiendo a la nación, en un territorio de represión y encarcelamientos, con 30 millones de habitantes como víctimas en un territorio de represión y encarcelamientos, inhabilitaciones y violación del Estado de Derecho, corrupción y sede de organizaciones criminales internacionales”.
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En esta declaración la Internacional Demócrata Cristiana exige a Nicolás Maduro “no continúe interfiriendo ni manipulando la Constitución y deja entrever que éste no puede ser candidato por cuanto “está imputado por una denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya, interpuesta por más de 130 representantes del pueblo, al objeto de que dicha institución judicial, realice un examen preliminar por los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante las protestas de 2017 en Venezuela”.
Debemos destacar –expresó Márquez- que cuando la Unión Europea anunció las medidas, el 8 de febrero, contra Nicolás Maduro y su régimen, la semana anterior ya estaba circulando el proyecto de declaración, por lo que ese mismo día 8 la Fiscal ante la CPI, por la presión de opinión pública que generó el parlamento europeo se vio obligada a abrir una investigación, pero no fue transparente su anuncio, en virtud de que señala que se van a investigar las protestas populares del año 2017, cuando el gobierno aprovecha esa situación según un comunicado de la cancillería venezolana , para alegar que todavía no se ha cumplido con el principio de complementariedad, es decir, que de acuerdo al Estatuto de Roma primero hay que agotar la vía nacional y luego sí, como un complemento, se recurre a la vía internacional, porque esos hechos están muy recientes, aunque sabemos que ni el gobierno ni los tribunales garantizan los debidos procesos en el país, por lo que es necesario que lo investigue la justicia internacional.
Lapsos procesales
En ese sentido –indicó- también la Fiscal anuncia que no hay lapsos para tomar una decisión del examen preliminar sobre Venezuela. El último realizado al país fue hace 11 años cuando el fiscal anterior, Luis Moreno Ocampo. La actual fiscal Fatou Bensouda tomó posesión del cargo, en junio de 2012, tiene más de 5 años y medio en el cargo y hasta ahora es su primera decisión, de forma retardada, de realizar un examen preliminar sobre Venezuela a pesar de que se han introducido desde 2013 más de 15 denuncias sobre los abusos de poder y crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro, incluyendo la que introduje a nombre de un grupo de tachirenses en enero 2016, la cual forma parte del expediente identificado con el número OCP-CR-22/16 que cumple con todos los requisitos del Estatuto de Roma, en virtud de que nosotros agotamos la vía nacional, pues el 27 de octubre y el 29 de diciembre del año 2015, denunciando debidamente los crímenes de lesa humanidad cometidos durante de las protestas populares del año 2014 y las deportaciones forzosas en la frontera en agosto de 2015, lo cual consignamos ante la Fiscal Luisa Ortega Díaz, quien ni siquiera abrió la averiguación sino que declaró el desistimiento de la misma, solicitándole al Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena su pronunciamiento, el cual lo confirmó, por lo que en el caso concreto de mi denuncia agotamos la vía nacional y este lunes estaremos entregando en la Fiscalía de la CPI en La Haya una comunicación en la que le reiteramos la invocación del principio procesal de complementariedad.
Detalló Walter Márquez, además que “le estamos pidiendo públicamente tanto a la Presidenta de la Corte penal Internacional, Silvia Fernández de Gurmendi, y a la Fiscal ante la CPI, Fatou Bensouda, tres cosas: primero la acumulación de todos los expedientes que desde el año 2013 hasta ahora se han entregado a esa instancia internacional, segundo un análisis integral, global de todas las causas, además de los sucesos recientes de 2017, y en tercer lugar la celeridad procesal, porque si bien es cierto que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional no establece lapsos, los principios generales de derecho penal internacional establecidos en el artículo 21 del Estatuto de Roma, señala que en su defecto se pueden utilizar los principios generales del derecho incluido el derecho interno de los Estados que ejercen jurisdicción sobre el crimen, es decir el derecho procesal de los estados parte como es el caso de Venezuela, y a su vez la resolución 60/147 sobre el derecho de las víctimas aprobado por la Asamblea general de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, que establece como obligación de acuerdo a su numeral II y literal B “investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial, y en su caso, adoptar medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e internacional”, por lo tanto la Fiscal está obligada a actuar con celeridad procesal, porque de lo contrario sería responsable de falta grave o incumplimiento grave de acuerdo al artículo 46 del Estatuto de Roma y la norma 24 de las reglas de procedimiento y prueba”.
Por último manifestó el parlamentario emérito que celebra la apertura del examen preliminar sobre Venezuela y la iniciativa de más de 40 países de solicitarle a la Fiscalía ante la CPI una investigación contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, pero al mismo tiempo “exhortamos a esos gobiernos a que ejerzan los mecanismos diplomáticos y políticos de vigilancia y control como estados parte, para que la fiscalía definitivamente, tomando en cuenta la gravedad de los hechos denunciados, la necesidad de que se haga justicia para las víctimas y la prevención de nuevos crímenes, proceda a la apertura inmediata de la investigación contra Nicolás Maduro y su régimen luego del examen preliminar, la cual debe concluir con la solicitud de la detención internacional contra Nicolás maduro por mandato de los artículos 27 y 58 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
NP
