“La denuncia contra el juez tercero civil de primera instancia, Félix Antonio Matos, por hurto calificado y abuso de confianza en la lavandería Ecológica de la ciudad de San Cristóbal, y el sobreseimiento del caso sin razones, forma parte del deterioro del Poder Judicial como lo ha señalado el reciente informe de la Misión Internacional Independiente de verificación de los hechos, designada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y alertada por Michel Bachelet”.
La afirmación corresponde al diputado jubilado de la Asamblea Nacional, Walter Márquez, quien informó que el juzgado de primera instancia municipal en funciones de control Nº 1 del Circuito Judicial Penal del estado Táchira a cargo de la juez Anyelith Lisbeth Moreno Zambrano, dictó sobreseimiento de causa a favor de Félix Antonio Matos, quien fuera Juez tercero civil de primera instancia, acusado de hurto calificado con abuso de confianza en el mes de febrero del año 2019, por haber extraído varias piezas de vestir de una lavandería y tintorería ubicada en el sector de Barrio Obrero de la ciudad de San Cristóbal.
Precisó que en la consignación de la apelación presentada el pasado 6 de septiembre de 2021 en el expediente penal SP23-S-2021S00059 (MP- 104234 -2019), la fiscal Provisora Quinta del Ministerio Público del Táchira, Ingrid Tamara Jaimes Mora, explica los hechos, indicando que el acusado quien era cliente regular, ingresó el 1º de febrero de 2019 a la empresa ubicada en la calle 9 con carrera 24 de Barrio Obrero, para entregar una camisa blanca a rayas negras y un pantalón beige para ser planchado, alegando que esperaría por la entrega.
Durante ese tiempo ingresó, sin solicitar permiso, al área de planchado y revisó las prendas que estaban colgadas, apoderándose de un pantalón tipo jean, color azul oscuro, marca Abercrombie, perteneciente a la orden de servicio 954239, dejando en el lugar sólo el gancho. Salió del sitio, dejó la prenda en el vehículo, y volvió a ingresar al local.
Trabajadores del lugar se percataron de la salida del sujeto de áreas restringidas, por lo que revisaron las órdenes de servicio donde estaban los ganchos de recomposición, y se dan cuenta de la pieza perdida. Informan a la vicepresidenta de la organización lo ocurrido y es cuando revisan, analizan y verifican las filmaciones captadas por las cámaras de seguridad.
La Fiscal Quinta indica en el texto que desde su despacho se entrevistaron a los testigos presenciales y referenciales, quienes fueron contestes al explicar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en el que el acusado habría cometido el delito. También se realizó una inspección por parte de funcionarios de la Policía del Táchira, dejando constancia con fijaciones fotográficas. Se practicó la experticia de transcripción de contenido y fijación de imágenes por parte de la División de Laboratorio de Criminalística estadal Táchira del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); dejándose constancia de lo que se observa en el video.
“Pretende el juez utilizar el poder judicial para encubrir la gravedad de lo que allí ocurrió, para mí que conozco a Felix Antonio Matos es muy delicado su tema, porque él podía haber buscado una reparación de los hechos mediante un acuerdo judicial, cualquier ser humano puede cometer un error, pero usar el aparato judicial para encubrir esos hechos es mucho más grave. Tan grave como lo que hizo la juez de la causa, quien usando su poder discrecional abusó del mismo y anuló las actas procesales, incluyendo el acta en la que se transcribió el contenido de video en el que aparece el momento del hurto por parte de este juez, y sin ningún fundamento de carácter jurídico y procesal, alegando que se violó la cadena de custodia, la juez lo anula para absolver al juez”, expresó Walter Márquez.
Indicó Márquez que este hecho es bochornoso y compromete al Poder Judicial del estado Táchira, y requiere de una recomposición total, por ser el Estado de derecho fundamental para rescatar la democracia y garantizar los derechos humanos y las garantías constitucionales.
“Exhortamos a las instancias correspondientes a que se revise con mucho detenimiento ese caso, porque además de representar una afrenta a la moral pública, también es un hecho de corrupción judicial por parte del juez que está presionando a las instancias jurisdiccionales para quedar absuelto, y en segundo lugar la propia juez que tomó esa decisión. Nos reservamos el derecho el seguir vigilante de este caso, porque el derecho a la justicia es un derecho humano”, finalizó diciendo Walter Márquez.