Luego de la presentación del último informe el pasado 15 de junio por parte de la fiscal saliente de la Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Bensouda, muchos avalaron su decisión, pero luego de analizar su corto contenido este documento evidencia un trato discriminatorio, excluyente, extemporáneo y parcializado en contra de las víctimas y encubre a los criminales del régimen de Nicolás Maduro, indicó Walter Márquez, diputado jubilado de la Asamblea Nacional, presidente de la Fundación El Amparo y director general del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN).
Manifestó Márquez que “cuando Bensouda entregó el informe a la Sala de Asuntos Preliminares de la CPI el pasado 15 de junio, se suscitaron varios comentarios a favor de la fiscal porque señaló en ese documento que existía una base razonable para creer que los delitos de la competencia de la Corte se habían cometido en Venezuela, por lo que varios voceros internacionales y nacionales lo calificaron positivamente, entre ellos el presidente de Colombia Iván Duque, la presidente de Vente Venezuela María Corina Machado, el ex alcalde Antonio Ledezma y la activista de derechos Humanos Tamara Sujú, sin embargo estamos convencidos de que este informe es una farsa ya que la fiscal Bensouda repite las mismas afirmaciones que hizo a lo largo de varios años y cuyo contenido viola el derecho a la igualdad procesal de las víctimas y encubre a los verdaderos criminales de lesa humanidad en Venezuela”.
EXAMEN PRELIMINAR
Es importante destacar –detalló Márquez- que el 7 de abril de 2014 se introdujo la primera denuncia contra Nicolás Maduro en la fiscalía de la CPI por crímenes de lesa humanidad por 198 diputados de ocho países de América Latina y a lo largo de los años 2014 al 2018 la fiscal recibió innumerables denuncias contra Maduro, pero fue solo después de cuatro años, el 8 de febrero de 2018 que la fiscal jefe de la CPI anunció el inicio de: “el examen preliminar sobre la situación en Venezuela analizará crímenes presuntamente cometidos en este Estado Parte al menos desde abril de 2017”; posteriormente, el 5 de diciembre de 2018, en el informe de ese año repitió lo mismo y luego en su informe anual del 5 de diciembre de 2019 ante la Asamblea de los Estados Parte indicó que esperaba finalizar el análisis de la situación de Venezuela a principios de 2020 y evaluaría la admisibilidad de los casos, lo cual se convirtió en otra promesa incumplida porque en mayo de 2020, en una reunión con diputados del parlamento europeo, dijo en forma genérica que habían avances significativos en el caso de Venezuela pero no preciso ninguna decisión al respecto
Comenta Márquez que nuevamente en su informe anual del 14 de diciembre de 2020 textualmente la fiscal Bensouda manifestó: “la fiscalía concluyó que existen fundamentos razonables para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos abril de 2017”, sin señalar a los responsables de esos crímenes, ni ordenar la apertura de la correspondiente investigación y luego señaló: “la fiscalía anticipa concluir durante la primera parte del 2021 el examen preliminar a fin de determinar si existen fundamentos razonables para proceder a la investigación”. Esto también fue incumplido porque la fiscal simplemente se limitó a aplicar su táctica dilatoria, y el 15 de junio de 2021, el último día de su gestión, envió un informe a la Sala de Asuntos Preliminares en el que volvió a repetir los mismos señalamientos genéricos del año 2020: “el fiscal ha concluido que existe una base razonable para creer que los delitos de la competencia de la Corte se han cometido en Venezuela”, y luego agregó: “esta determinación será entregada al fiscal entrante para su consideración y decisión final”, con lo cual se confirma su irresponsabilidad y lo que siempre denunciamos, su complicidad con el régimen y por lo que dejo la decisión de la apertura de la investigación al nuevo fiscal Karim Khan, cuando era su obligación solicitarla.
LOS MISMOS ARGUMENTOS
Explica Walter Márquez que en este último reporte la fiscal Bensouda repite los mismos argumentos del 2018 al 2021 y solo toma en cuenta cuatro delitos del artículo 7 del Estatuto de Roma: encarcelación, tortura, violación y violencia sexual y persecución; atribuyéndole la responsabilidad a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y a otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), sin mencionar los funcionarios de la estructura jerárquica que encabeza Nicolás Maduro junto con el alto mando militar.
— Por lo tanto –señaló Márquez-, estamos en presencia de una larga cadena de promesas incumplidas por parte de la fiscal Bensouda, que se convierte en negligencia grave, incumplimiento grave y corrupción por parte de esa funcionaria, de acuerdo al artículo 46 del Estatuto de Roma y la Regla 24 de Procedimiento y Pruebas, lo cual es muy grave para las víctimas de esos crímenes atroces, porque a pesar de las innumerables denuncias contra Nicolás Maduro por parte de la OEA, la ONU, Grupo de Lima, la Unión Europea, de innumerables ONG y de seis Estados Parte de la CPI liderada por Colombia quienes el 27 de septiembre de 2018 pidieron enjuiciar a Nicolás Maduro pen base al artículo 14 del Estatuto de Roma, la fiscal nunca tomó ninguna decisión y al contrario encubrió los crímenes de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro y su Gobierno.
Detalló el defensor de los derechos humanos en Venezuela que en su último informe a la CPI la fiscal Bensouda cometió errores inexcusables, pues es discriminatorio desde el punto de vista temporal porque excluyó expresamente todos los crímenes cometidos en Venezuela en contra de miles víctimas desde al año 2014 al año 2017; al igual que la materia, porque se limitó solo a cuatro delitos de los once que contempla el artículo 7 del Estatuto de Roma, obviando los delitos de masas como el de exterminio por la privación de alimentos y medicinas, así como las deportaciones y el desplazamiento forzoso, asesinato, desaparición forzada, apartheid, actos inhumanos y esclavitud. Este informe también es extemporáneo porque lo entregó irresponsablemente el último día de su gestión, con el cual cumplió su compromiso con el régimen de Nicolás Maduro de mantener la impunidad y el encubrimiento, y finalmente es un reporte parcializado a favor de los criminales y en detrimento de las víctimas con lo cual violo los artículos 68 y 75 del Estatuto de Roma y también la resolución 60/147 de diciembre de 2015 de las Naciones Unidas (ONU) referente al Derecho a la Víctimas a una investigación rápida, eficaz, completa e imparcial, expreso Walter Márquez al concluir.