La reanudación de la investigación contra Venezuela por crímenes de lesa humanidad por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) es inminente e innegociable, según lo manifestado este martes 25 de abril por el defensor de derechos humanos, presidente de la Fundación El Amparo y representante legal de las víctimas de deportaciones forzosas en la frontera colombo- venezolana, Walter Márquez, quien recordó que el informe del fiscal Karim Kam, emitido el pasado 30 de marzo indica que los crímenes ocurridos en la nación sudamericana ameritan investigación y enjuiciamiento.
Márquez explicó que a esto se suma el informe de la sección de víctimas de la Secretaría de la CPI, en la que 8.900 víctimas piden continuar con la investigación, y destacó que la respuesta de los voceros de Nicolás Maduro ante esta situación ha sido la de calificarlo como una guerra judicial, e incluir en la negociación en Bogotá la suspensión de la investigación de la Corte Penal Internacional.
Precisó que quien a nombre personal pretenda abrogarse la representación de las víctimas, no solamente forma parte de una operación de encubrimiento, sino que se hace cómplice de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela; pues las víctimas tienen derecho de acuerdo a resolución de Naciones Unidas, tratados internacionales, la Constitución Política de Colombia y la Constitución de la República de Venezuela, a la investigación, a la verdad, a la reparación, indemnización, no repetición y a la justicia.
“Debe continuar la investigación, enjuiciar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, empezando por Jorge Rodríguez que lo está proponiendo en nombre del gobierno, porque él forma parte de la cadena de mando de las personas denunciadas por seis jefes de Estado el 27 de septiembre de 2018, lo que ha sido la base para que Karim Kam abra la averiguación”, acotó.
Deportación forzosa
Sobre la expulsión de Juan Guaidó de Colombia hacia los Estados Unidos, Walter Márquez expresó que se trata de una deportación forzosa y de una agresión de parte del gobierno de Gustavo Petro a un líder opositor venezolano, lo que pone de manifiesto que no es un mediador en el conflicto de Venezuela, sino un representante de Nicolás Maduro.
“Juan Guaidó ahora no solamente es perseguido en Venezuela, sino también en Colombia, por lo cual Gustavo Petro deja de ser un mediador para convertirse en el representante de Nicolás Maduro, y el propio canciller Leiva pretende justificar la deportación forzosa de la que fue víctima Guaidó hacia los Estados Unidos, alegando que él estaba de manera irregular en Colombia”.
Para el defensor de derechos humanos la negociación está condenada al fracaso, cuando las autoridades colombianas pretenden decidir quiénes serán los representantes de la oposición venezolana, desconociendo sus liderazgos.