Después de que la Sala de Asuntos Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) autorizara la reanudación de las investigaciones en contra del gobierno venezolano, por la comisión de crímenes de lesa humanidad, el presidente de la Fundación El Amparo y director general del Comité Internacional contra la Impunidad (Ciciven), Walter Márquez, aseguró que la apelación que iniciará Nicolás Maduro no detendrá su enjuiciamiento.
Márquez indicó que el fiscal Karim Khan debe abocarse al enjuiciamiento de Nicolás Maduro y su cadena de mando, porque de acuerdo al Estatuto de Roma y según el despacho del Fiscal, existen suficientes elementos, fundamentos razonables y suficientes para que proceda.
Para el defensor de derechos humanos, la apelación por parte del gobierno de Nicolás Maduro es tan solo una estrategia dilatoria, que máximo podría durar dos meses, y explicó que, aunque el gobierno venezolano no podrá parar esa investigación, salvo que intente retirarse de la CPI, si lo hace, todo lo que haya llegado hasta un año después de ese retiro, la Corte podrá investigarlo y enjuiciar los crímenes.
Walter Márquez indicó que, aunque no hay tiempo límite para esta fase de investigación, el fiscal Karim Khan en dos años ha actuado con mayor celeridad que los otros fiscales anteriores, pues con ellos pasaron 18 años sin que se obtuviera algún resultado. “Hay mayor celeridad procesal que en las épocas del fiscal Luis Moreno Campos y Fatou Bensouda. Por lo menos, en dos años el fiscal ha hecho más que los otros fiscales en 18 años”, acotó.
Insistió en que hay elementos que obligan al Fiscal de la Corte Penal Internacional a pedir el enjuiciamiento a Nicolás Maduro y miembros su alto gobierno por crímenes en la humanidad.
Siguen los crímenes
Walter Márquez indicó que, en el caso de la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, se continúan cometiendo crímenes de lesa humanidad con dueños de comercios y negocios.
Relató que el pasado 10 de marzo, la señora María Zambrano Roa, dueña de una bodega en Barrio Sucre, enfrentó el allanamiento ilegal de su negocio, la implementación de una multa de 1000 dólares y el cierre del comercio por 20 días. El impacto emocional le generó dos infartos y falleció.
“Lo cual se convierte en un homicidio culposo por parte de fiscales de la Alcaldía, que llegaron en la noche a prácticamente atropellar a pequeños bodegueros, Lo mismo que habían hecho con los licoreros, lo que hicieron con los reposteros, lo que hicieron con la gente del Hospital Central, con Oscar Escalante, Pablo Novoa y su familia; lo que hicieron el terminal de pasajeros con muchísima gente, cuyos casos más emblemáticos son los de Andrea Ramírez y Romel Chacón”.
Estos casos estarían siendo documentados ante la Corte Penal Internacional, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Caracas, y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.