Una investigación transparente y objetiva por la masacre de El Junquito ocurrida el pasado 15 de enero de 2018, en virtud de que hasta la presente fecha la investigación sobre el asesinato de Oscar Pérez y la tachirense Lisbeth Ramirez está totalmente paralizada, y no se está cumpliendo el debido proceso que contempla la Constitución de la República.
En rueda de prensa ofrecida en la oficina del parlamentario nacional jubilado y defensor de los derechos humanos Walter Márquez, solicito una inmediata respuesta de parte del Ministerio Público sobre el caso de Lisbeth Ramírez, además de solicitar nuevamente que se exhume el cadáver para determinar claramente la manera como ocurrió su asesinato.
Walter Márquez presidente de Fundación El Amparo señaló que es importante que se establezca la responsabilidad civil, penal y administrativa del presidente de la República como jefe de estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, y la responsabilidad jerárquica del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y del ministro del Interior y Justicia Néstor Reverol, quien estuvo al frente del operativo y en el cual se evidenció en base a 14 videos transmitidos por Oscar Pérez además de las radiotransmisiones de la policía venezolana realizadas entre las 11 y 11:30 de la mañana del 15 de enero, que Óscar Pérez, Lisbeth Ramirez y los demás acompañantes fueron capturados con vida y luego ajusticiados.
Responsabilidad jerárquica
En ese sentido agregó Márquez que luego de transcurrido un año de esa masacre y estar paralizado el caso va a solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington la apertura de una investigación para que luego pase el caso a la Corte Interamericana de Derechos humanos, con sede en San José de Costa Rica, a fin de que se establezca la responsabilidad del estado Venezolano, y en virtud de que no existe la garantía de un debido proceso en Venezuela el año pasado solicitaron ante la Corte Penal Internacional en La Haya, la fiscal general Luisa Ortega Diaz y William Cardenas Rubio Presidente de la Plataforma Democratica en España, la apertura de una investigación, para que se establezca la responsabilidad personal y penal del presidente de la República y los diferentes mandos que actuaron en la masacre de El Junquito, además del Mayor de la Guardia Nacional, Rafael Enrique Bastardo Mendoza quien dirigió el operativo de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), la cual a juicio del parlamentario tachirense y defensor de los derechos humanos, “se ha comportado como un escuadrón de la muerte, como un comando del crímen, que ha utilizado el régimen no solo para reprimir las protestas populares, sino ahora para ajusticiar a opositores como el caso de Óscar Pérez y sus acompañantes”.
Recordò Walter Màrquez que consignó un escrito en marzo de 2018 en Bogotà ante el integrante de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la OEA Francisco Eguiguren sobre la masacre de El Junquito en la que fueron asesinadas siete personas, entre ellos Óscar Pérez y la tachirense Lisbeth Ramírez, cuyos familiares le solicitaron la búsqueda de justicia a nivel nacional e internacional, por lo que esta semana requerirá a la CIDH que abran una averiguación por la responsabilidad del estado venezolano sobre esta masacre.
En el caso de Lisbeth Ramírez es mucho más grave –resaltó Márquez- porque ella además de no ser combatiente, estaba desarmada y se había rendido todos y luego aparecieron ajusticiados, indicando que se cometió una ejecución extrajudicial, es decir, estamos en presencia de una gravísima violación de los Tratados de Ginebra en materia de tratamiento de prisioneros o rendidos, lo cual no solo viola el derecho internacional sino el derecho nacional, la Constitución de la República, en su artículo 55 por cuanto hubo un uso desproporcional de la Fuerza, 500 hombres, 15 granadas y 20 cohetes, una tanqueta, dos blindados y un helicóptero, una capacidad de fuego indudablemente superior a quienes acompañaban a Óscar Pérez y su grupo.
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Igualmente expresó Walter Márquez que a nivel internacional el estado venezolano violó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la convención Americana de Derechos Humanos, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas, y a nivel nacional actuó contrario a lo establecido en la Constitución de la República, la Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana, la Ley Orgánica del Servicio de Policía del Cuerpo de Policía Nacional, y otras serie de normas, incluyendo el Código Orgánico Procesal penal en virtud de que desaparecieron pruebas fundamentales al alterar y destruir el escenario del crimen, en otras palabras “estamos en presencia de un caso bochornoso que compromete moral, política y penalmente a Nicolás Maduro y al equipo de su alto gobierno”.
