VP exige libertad de Roland Carreño, detenido hace cuatro meses

Fotografía de archivo de una persona que sostiene un cartel en el que pide la libertad de Roland Carreño, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Caracas, 2 dic (EFE).- El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) exigió este lunes la liberación «inmediata» de su dirigente Roland Carreño, detenido, por segunda vez, el pasado 2 de agosto por «el régimen de Nicolás Maduro», según la formación.

«La violación a sus derechos humanos no solo radica en su arbitraria detención, sino también en la prohibición de ver a sus familiares y abogados durante estos cuatro meses. Este es el mejor reflejo de la farsa de la ‘justicia’ de la dictadura», expresó VP en la red social X.

Y «ahora que se acerca la Navidad», el partido exigió también la liberación «inmediata» del resto de los considerados presos políticos en el país, un total de 1.903, la gran mayoría detenidos tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, según la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de estas personas.

«Unas Navidades en paz solo es posible sin represión, sin persecución y sin presos políticos. Por lo tanto, Roland Carreño debe estar libre», insistió VP.

El también periodista fue detenido, por primera vez, el 26 de octubre de 2020 -acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra- y excarcelado el 18 de octubre del año pasado, tras un acuerdo firmado entonces entre el Gobierno y la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, en Barbados.

El domingo, familiares y amigos de los «presos políticos» llevaron a cabo una vigilia en Caracas para exigir su liberación, así como el «cese de la represión» que -denuncian- se exacerbó tras los comicios de julio, cuando Maduro fue proclamado ganador por el ente electoral y la oposición mayoritaria denunció fraude.

Este lunes, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, reprendió a Venezuela por la falta de «implementación concreta de leyes y prácticas» para proteger los derechos de los civiles, y advirtió de que las investigaciones de su oficina «siguen en curso y están activas».

 

 

 


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