El cinismo no tiene término para los órganos del Estado secuestrados por el tiránico gobierno instalado en el país.
Las expectativas que abrieron honestos y confiados conciudadanos para convocar a un referendo popular revocatorio, previsto en el artículo 72 de la Constitución, culminó en una burda trapisonda del Consejo Nacional Electoral fijando la fecha para realizar el evento comicial en menos de una semana y desplegando pocos equipos de recolección de firmas, lo cual hace imposible que se pudiera satisfacer adecuadamente el derecho del ciudadano, a fin de revocar la funesta gestión del mandatario usurpador, en lo cual està empeñado mas del 80 por ciento de la población.
Cuando escribimos esta nota confiábamos en que el grupo que promovió el referendo revocatorio haya retirado la solicitud, pues ello no anula la posibilidad de que de nuevo lo solicite o que lo haga otra agrupación. El que se retire el movimiento opositor de la iniciativa y que así lo declaren los partidos políticos y las entidades de la sociedad civil, sin duda alguna deslegitimaría tal referendo, si el CNE continúa en su gestión y realización.
Claro, la espada de Damocles contenida en el último aparte del artículo 72 constitucional es un peligro patente que pudiera concretarse en las mentes y ejecutorias fulleras de los Rectores oficialistas del CNE: “Durante el período para el cual fue elegido el funcionario no podrá hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato”.
Si se estuviera en un régimen democrático de libertades y de respeto de la ley y de la separación de los poderes del Estado, si el CNE continuara en sus defraudadores propósitos, debería recurrirse al Poder Judicial a fin de que declarara ilegal, por no reunir las condiciones adecuadas la realización del referendo en los escenarios antes detallados, pues se hace imposible que efectivamente la ciudadanía pueda manifestar su opinión. Pero no, el ciudadano venezolano está desprovisto de esta garantía de realización de sus derechos, ya que el Poder Judicial también está ocupado arbitrariamente por el oficialismo y es un desvergonzado y sumiso realizador de sus órdenes.
Ante tal perspectiva y aun cuando parezca un llamado extemporáneo y ya transitado debemos recordar el contenido del artículo 333 de la Constitución que si es violada “…todo ciudadano tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”. Lo anterior se complementa con el mandato hacia el pueblo que “…desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”, como textualmente se lee en el artículo 350 constitucional.
Los supuestos de hecho de estas disposiciones están realizados. Es evidente la violación cotidiana e impune del texto constitucional que a su vez hace del régimen imperante en el país uno que obstruye el sistema democrático y de libertades y es por ello que el desgaste internacional respecto a la credibilidad del régimen se profundiza con intensidad y a nivel interno hace que se multiplique el rechazo que cual onda expansiva está carcomiendo sus bases de sustentabilidad.
La nomenclatura que nos oprime tiene en sus cálculos la fatiga que produce en el pueblo opositor sus constantes juegos de ilusiones institucionales, pero no se han percatado que producto de esos mismos ardides la gente aprendió a organizarse y a unirse para avanzar en el camino libertario, el gran ejemplo sigue siendo Barinas. Señores del régimen recuerden el antiguo y sabio refrán popular: Tanto da el cántaro a la fuente hasta que se rompe, y les aseguramos que esa rotura será más estruendosa que el volcán de Tonga.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez