Luego de la visita que realizó la misión independiente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la cual determinó que existía complicidad del Poder Judicial venezolano en la violación de derechos esenciales de los ciudadanos, se ha desatado una campaña informativa según la cual la Corte Penal Internacional (CPI) dictó orden de detención contra Nicolás Maduro, lo cual es absolutamente incierto y distorsiona el proceso que efectiva y gradualmente se está desarrollando en contra de quienes en nuestro país han cometido delitos de lesa humanidad.
La verdad es que la CPI ni siquiera está conociendo del caso porque el Fiscal Karim Khan no ha introducido la acusación respectiva ante ella, con datos corroborados por la Fiscal anterior Fatou Bensouda y en el cual constan todas las violaciones cometidas por el régimen de Nicolás Maduro en contra de ciudadanos a partir del año 2017.
Para una mayor comprensión de la función realizada en Venezuela por esta Misión de investigación, hagamos la siguiente comparación: en los asuntos que conciernen a la justicia interna de un país: la policía judicial investiga en búsqueda de evidencias, acompañada o no por el fiscal del Ministerio Público y la ponen a disposición del juez para que decida. Un protocolo similar, funciona en la justicia internacional, pero con otros órganos.
Ante un homicidio o un robo, el órgano policial se pondrá en funcionamiento, a veces bajo la dirección del fiscal respectivo, para recabar todos los elementos de convicción que le sirva al juez en dos sentidos: para convencerse de que se cometió el delito y así declararlo y para identificar al autor o autores del hecho y sentenciarlos condenatoriamente. Mientras no haya una decisión judicial, esas pesquisas, esas acciones de investigación, no pasarán de ello: ser simple información, así sea muy valiosa, pero en manos del juez con su pronunciamiento o sentencia es que tendrá efecto en el mundo real de víctimas, victimarios y de la comunidad respectiva que sentirá que se hizo justicia.
Por otra parte en un sistema acusatorio que es el que universal y modernamente se ha acogido, vigente en la justicia penal ordinaria como en el ámbito de la Corte Penal Internacional, el juez o jueces, si se trata de un tribunal colegiado integrado por varios sentenciadores, deberán mantener una actitud imparcial por lo que no les corresponderá salir de su entorno para recabar pruebas o indicios relacionados con lo que se va decidir, ese será el trabajo del Ministerio Público con sus fiscales y los órganos de investigación, que llevarán antes el juez las evidencias de aquello que creen cometido, así como la identificación de sus autores.
Se debe aclarar en principio que la CPI es un órgano jurisdiccional creado por las Organización de Naciones Unidas (ONU), a través del Estatuto de Roma que a la vez de precisar cuáles hechos delictivos son de su competencia, establece a través de que procedimientos deberá actuar y cuáles son los órganos que coadyuvarán con sus propósitos. El primer requisito para que pueda ejercer su poder decisorio en hechos criminales cometidos en un Estado miembro de la ONU, es que éste y sus tribunales no estén dispuestos a llevar a cabo la investigación respectiva o no puedan realmente hacerlo. Pareciera que ese requisito se ha dado por cumplido al intervenir Comisiones de la ONU en esas pesquisas que el Estado venezolano no ha querido o podido realizar.
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La Misión de la ONU que visitó a Venezuela, según información publicada en los medios, presentó un informe de 212 páginas, donde señala directamente a los órganos judiciales del país como cómplices en la violación sistemática de Derechos Humanos y que jueces y fiscales han desempeñado un papel clave en las detenciones arbitrarias. Se detalla en el informe que funcionarios militares y policiales cometieron abusos sexuales y mecanismos de tortura, así como tratos crueles inhumanos o degradantes hacia personas detenidas.
Por su parte reposa en manos del actual Fiscal ante la Corte, Karin Khan, un informe similar de la anterior Fiscal, Fatou Bensouda, que detalla crímenes de lesa humanidad cometidos por organismos venezolanos ante los cuales el Estado está resistido a investigar y sancionar. Lo pertinente y así lo solicitamos los amantes y defensores de la Justicia en Venezuela, es que este último informe de la Misión de la ONU sea anexado al expediente que ya tiene en sus manos el Fiscal Karim Khan y toda esta documentación sea introducida en la Corte Penal Internacional y de esta manera avance con paso firme el proceso contra quienes han perpetrado delitos de lesa humanidad en Venezuela.
Y es que, en verdad, con todo y que el tema ha tenido una gran dinámica dentro de la opinión pública, el proceso formal de investigar y castigar a los responsables de tales violaciones a los Derechos Humanos no se ha iniciado.
También es oportuno precisar que la ONU no tiene un órgano policial específico, sino que para las pesquisas respectivas crea Comisiones o Misiones como la que comandó Bachelet, cuyas conclusiones son sombrías para la élite oficialista del país. Por ello consideramos que la fase inicial está cumplida, ahora falta que el Fiscal Khan presente ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI lo que ya tiene en el tintero. En esa oportunidad es cuando formalmente se iniciará el procedimiento judicial respectivo, debiendo dicha Sala examinar la petición del Fiscal y si considera que hay fundamentos suficientes autorizará el inicio del juicio correspondiente, pudiendo dictar una orden de detención a petición del Fiscal.
Entonces el proceso penal formalmente no se ha iniciado a pesar de las graves evidencias de la comisión de crimines de lesa humanidad por parte del régimen venezolano. Queridos lectores seguramente pensarán ¡Hasta cuanto debemos soportar la impunidad de estos criminales! Pero así mismo le diremos: la justicia tarda pero nunca detiene su marcha implacable. Quiere decir que quienes han cometido delitos brutales en nuestro país no pueden estar tranquilos, la justicia internacional tiene sus ojos puestos en los responsables y todo depende de la existencia de un marco propicio en el ámbito político y diplomático para que estos juicios tengan la celeridad adecuada.
Cuando los países aliados de la democracia venezolana hablan de nuevas sanciones y medidas, apuntan en el sentido de hacer justicia. No fue algo espontaneo, ni una frase motivada por la ligereza, un accidente verbal, lo que dijo la Primer Ministra noruega Erna Solberg en la Asamblea General de la ONU respecto a que el régimen venezolano debía respetar los Derechos Humanos y proceder a una solución pacífica y electoral a la crisis. Esas palabras dichas por la máxima representante del Reino de Noruega, anfitrión de la negociación en México, son una clara advertencia sobre lo que está dispuesto a hacer el mundo democrático de no producirse un acuerdo que cumpla con las expectativas que se tienen como objetivo central que es restaurar un sistema de libertades en Venezuela, mediante unas elecciones libres y con plenas garantías.
Muchos dudan y sostienen que el régimen tiene la sartén agarrada por el mango y que las negociaciones en México son una mascarada más del oficialismo. A ellos les decimos, tengan paciencia que la yugular de los tiranos está al descubierto y la justicia internacional como un felino en acecho la tiene en su mira.
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