El común utiliza con frecuencia la expresión “Estado de Derecho” sin discernir con claridad la abstracción que comporta tal expresión. “Estado” no es una cosa concreta y “Derecho” tampoco es un objeto preciso, son concepciones que puntualizan ideas de la cultura dirigidas a regular la vida en sociedad. Son productos abstractos, pero útiles, para el convivir de la humanidad.
El concepto de Estado al ponerse en la práctica a través del uso que le brinda el Derecho, va a concretar en la realidad una forma de comportarse de un conjunto de personas que viven en un determinado territorio. Lo anterior resume los tres elementos existenciales de un Estado: población, territorio y poder jurídico o legal. Ese poder jurídico o legal es lo que le da a los órganos del Estado la potestad coercitiva para desarrollar sus funciones, imponiéndose a pesar de la resistencia voluntaria de algunos.
Esa potestad coercitiva del Estado se materializa mediante el monopolio exclusivo de la violencia, por ello la garantía real del cumplimiento de la normativa constitucional es que las armas de la república, que posibilitan este monopolio de la violencia, este en manos de instancias sin injerencias en los escenarios políticos, donde la pugna por el poder se da entre ciudadanos desarmados y su confrontación es de ideas y propuestas, de allí que si hay intervención militar dentro de esta contienda entre civiles, se rompe el Estado de Derecho y se pasa a ser un Estado dominado por las armas y no por la Constitución.
Esa sería la explicación escueta por razones de espacio, de lo que es un Estado de Derecho.
Pero cuando el poder que se ejerce desde esos órganos no respeta las leyes, pierde tal cualidad para convertirse en un poder arbitrario, en una tiranía, con las características de irregular y caprichoso, como una vez lo definiría Recasens Siches: irregular pues la ley se aplica alguna vez y otras no y caprichoso pues la decisión no depende de la ley, sino del querer de quien manda, del tirano.
Materializada ya las abstracciones aludidas en los órganos del Estado, llevarán a la vida de la ciudadanía el mandato general y abstracto de la norma legal, convirtiendo esa orden en vida humana concreta. Eso se precisará a través de decretos del Poder Ejecutivo y de sentencias del Poder Judicial, quedando el Poder Legislativo con la función de crear las normas jurídicas, pero siempre en el marco de la Constitución, en el marco del Estado de Derecho.
Esas funciones de los órganos del Estado deben realizarse con total independencia. El actuar independientemente no es una característica cualquiera, sino fundamental para poder constituirse ese mandato como uno propio de un Estado Derecho. Ese particular rasgo tiene como fin primordial ejercer la vigilancia recíproca que debe desarrollar cada órgano en relación a los otros, siempre teniendo a la ley como guía. La interferencia ilegal de algún órgano en la función de otro, convierte ese mandato en uno arbitrario, en uno tiránico, al desechar la ley como guía.
Igualmente, cada órgano estatal tiene como es lógico sus propias funciones y al despojar a alguno de ellos las tareas de otro, incurre en usurpación. Por ejemplo, que el Poder Ejecutivo impute judicialmente a una persona de algún delito, pues eso es propio del Ministerio Público o que la Corte Suprema de Justicia a través de cualquiera de sus Salas realicé el escrutinio de unas elecciones y proclame al ganador, cuando eso es facultad del Consejo Supremo Electoral. El destino de esas decisiones tiene un final inútil, infructuoso y de ello se encarga el artículo 138 constitucional con su contundente y lacónico contenido: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.
Así vemos que el Estado de Derecho es esencial para la vida democrática, de hecho, no puede existir Democracia plena sin que esté montada sobre un robusto Estado de Derecho. Existen instancias internacionales que tienen dentro de sus principios organizativos la defensa del sistema democrático, como es el caso de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual está obligada a velar, según sus estatutos, porque los países de la región cumplan con el funcionamiento del Estado de Derecho, así formalmente se hayan retirado de la Organización.
En resumen, es fundamental para interactuar con normalidad dentro del bloque de países democráticos del planeta, contar con un Estado de Derecho que garantice una vida ciudadana bajo el amparo de las leyes.
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