Por Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
¡¡¡Ni para la Primaria, ni para la Presidencial!!!
Según el diccionario la palabra “adefesio”, que se utiliza con frecuencia y contundencia para señalar los errores jurídicos, significa algo “disparatado, ridículo, extravagante”, un despropósito, pues. Ni más ni menos en eso ha incurrido la Contraloría General de la República al indicar que inhabilitó políticamente a María Corina Machado, con una decisión emanada de uno de sus órganos.
La pretendida medida inconstitucional contra María Corina Machado como candidata presidencial por una entidad sin ninguna competencia en la materia, a través de una comunicación emanada desde un proceso que ya había finalizado en el año 2015, con una sanción que la inhabilita, es “un disparate”
¿Cómo es posible que luego de la decisión ilegal, pero final en ese procedimiento, ahora se tome otra con base en información sobrevenida y que no tiene relación alguna con aquella por la cual se abrió el procedimiento, cesado en su curso desde 2015? Sin duda es “una extravagancia”.
El artículo 62 de la Constitución establece que todo ciudadano tiene el derecho de participar libremente en los asuntos públicos y agrega su artículo 65 que no podrá optar al cargo de elección popular quienes hayan sido condenados penalmente por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, lo cual sin duda no es competencia de un órgano administrativo como la Contraloría, sino de un órgano judicial, en este caso un tribunal penal. Y esto es así en cualquier régimen democrático del mundo, como se deduce de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de julio de 2020, pues la inhabilitación política no es cualquier cosa, por lo que sòlo se puede imponer como sanción accesoria a la de prisión, según el artículo 16 del Código Penal, forzosamente por un tribunal penal, no por la incompetente Contraloría. Claramente “un despropósito”
No sólo a ella se le ha pretendido violar flagrantemente sus derechos políticos, sino que también se le ha privado al pueblo elector de una opción que gradualmente levantaba emociones por todo el país, con lo cual el régimen de Nicolás Maduro esta obstruyendo la vía electoral y lanza al país por escenarios de violencia que provocó en el pasado crímenes de lesa humanidad, los cuales está investigando la Corte Penal Internacional ante la ausencia de justicia interna en Venezuela. Creemos que el oficialismo está optando a jugar con fuego.
En el “adefesio” se señalan hechos que de manera injustificada califican de delito como el de haber apoyado al Gobierno Interino de Juan Guaidó, el cual se instaló apegado a las más estrictas normas constitucionales, vinculando de esta manera a toda la dirigencia democrática venezolana y del mundo con el apoyo de más de 50 países que desconocieron a Nicolás Maduro, dándole su apoyo a Guaidó quien para ese momento era Presidente de la Asamblea Nacional y ante la ilegitimidad de quien ocupaba el cargo de Presidente de la República, legalmente ocupó dicha investidura.
Queda a la oposición convertirse en instrumento de fuerza, legitimada por el artículo 333 de la Constitución, cuyo contenido aun cuando oímos mucho en el pasado parece haberse olvidado: ante actos de fuerza de cualquier orden que pretenda inobservar su contenido “…todo ciudadano investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”. Lo cual se complementa con el contenido del 350 constitucional, también oído mucho, pero olvidado y que hoy es una brillante arma que legitima el esfuerzo ciudadano para rescatar la democracia: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerà cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los Derechos Humanos”.
Ya el mundo civilizado opinó condenando la burda maniobra, para ello basta resaltar la opinión del Grupo de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), que deplora la medida tomada y que suscriben treinta exjefes de Estados. Llegó el momento en el cual el 80 por ciento de la población que por vía legal rechaza el totalitarismo oficialista, se sacuda a la camarilla oprobiosa que arrojó al país a un foso civilizatorio y en ello son muy importantes los partidos políticos democráticos para que se sumen, no con un apoyo formal de aprensivos y cautelosos comunicados, sino con la contundencia propia que exige la defensa de las libertades ante el atentado que se pretende perpetrar contra ellas.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
