Vimos un video en el cual se observaba a un robusto hombre acometer a patadas a una pared hasta derribarla, seguido de una turba enardecida que entraba al recinto de unas oficinas. Luego otra escena en la cual se observaba a un atemorizado individuo en una azotea, decidiendo despavorido por donde podía escapar. Posteriormente nos enteramos que fueron acontecimientos sucedidos en los tribunales de San Fernando de Apure, que se hicieron conocidos nacionalmente a través del video que se hizo viral.
¿Qué sucedió para que se desarrollaran estos acontecimientos?
Como sucede con frecuencia, algunos remitentes envían vídeos con sucesos que sin una explicación para quien los ve, son situaciones incomprensibles. Dos honorables abogados apureños nos sacaron de la duda al explicarnos con lujo de detalles los orígenes y el desarrollo de los sucesos. Octavio Bermúdez, ex juez rector del Estado Apure en la época democrática y profesor universitario y Julio Elías Mayaudon exjuez, exsenador y también profesor universitario, fueron los meritorios miembros del foro quienes además de explicar lo sucedido, se lamentaban con la autoridad que les da su trayectoria, del foso en donde ha caído la administración de justicia en el país.
En un conflicto matrimonial en el cual estaba en juego la guarda de los hijos habidos en esa unión, se citó a la esposa al tribunal que llevaba el asunto y al llegar al recinto tribunalicio funcionarios policiales por orden del juez, separaron a dos de los menores hijos de la madre y los entregaron al padre en discordia, quien se los llevó sin rumbo conocido. Este ciudadano padre de los niños, es un rico comerciante de la región que antepuso su poder para, con probables dádivas ilegales, salirse con las suyas en el conflicto. Por otro lado, a la madre la apoyó una manifestación pacífica a las puertas de los tribunales, la cual se tornó violenta al intervenir la esposa del gobernador quien ordenó a funcionarios del ejecutivo regional la toma atropellada del tribunal actuante. Uno de estos funcionarios era quien propinaba patadas a la pared y el otro personaje despavorido asomado a la azotea del edificio de los tribunales, era el juez que no conseguía como escapar de la poblada.
Debido al escándalo, el asunto se resolvió transitoriamente cuando el padre devolvió los niños al tribunal que los puso bajo la custodia de la madre.
Lo que no está resuelto es la situación en la cual se encuentra el Poder Judicial del país. Lo anterior es un ejemplo de la ignorancia y corrupción que campea en esta área. Como lo escribe Mayaudon “…no podría decir cual decisión fue más vergonzosa, si la decisión del juez o la intervención del tribunal por un grupo tumultuario de funcionarios y civiles dirigido por la primera dama del ejecutivo regional”. Por su parte Bermúdez comentó que en Apure la administración de justicia está desbocada, sin riendas ni frenos, quejándose de la intervención violenta del ejecutivo en los tribunales.
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La independencia judicial basada en el actuar autónomo, honesto y ecuánime de los jueces es una de las garantías ciudadanas que asegura que sus asuntos serán resueltos con base en las pruebas producidas y la legislación vigente. Un Poder Judicial ignorante y corrupto, propio de los regímenes autoritarios, sume a la ciudadanía en el desconcierto propio de la inseguridad, en la angustiosa situación de saber que no tiene a qué órgano recurrir cuando son violados sus derechos.
Este lamentable y vergonzoso episodio ocurrido en Apure pone en blanco y negro, sin matices posibles, la ausencia de la ley como instrumento de solución de conflictos para dar paso a la voluntad de quienes ejercen cargos públicos que por su representatividad se creen facultados para decidir, lo cual refleja lo característico de un régimen arbitrario. Es la aplicación correcta de la ley lo que garantiza la protección de los derechos contenidos en la Constitución y el conjunto de leyes que de ella se derivan. En este caso, la ley fue atropellada por un juez sin probidad al favorecer al margen de un proceso apegado a la normativa, a una de las partes en litigio, grave por la violación al debido proceso y mas grave aun al tratarse la litis del destino de unos niños. También es atropellada la ley cuando una persona, sin autoridad directa como es el caso de la esposa de un gobernador, instruye a unos funcionarios para que irrumpa en una propiedad del Estado venezolano, causen daños materiales e intenten hacer justicia por propia mano. Claro, el juez debe ser objeto de sanciones, pero decididas a través de un debido proceso disciplinario.
Este ejemplo de Apure, explícito en grado máximo del anarquismo que priva en el Poder Judicial, no es un caso único ni aislado y pone de manifiesto, de manera tosca y cruel, la situación de marasmo que para infortunio de todos los venezolanos existe en esta rama del Poder Republicano, sin cuyo buen funcionamiento es imposible que funcione el sistema democrático.
Adiós justicia, adiós, volveremos a verte con el retorno de la democracia al país.
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