Uno de los avances éticos más poderosos y estimulantes que han tenido las democracias en las últimas décadas ha sido la creación y funcionamiento de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en el área de la defensa de algunos derechos sobre los cuales es indispensable la acción directa de los ciudadanos, como por ejemplo los Derechos Humanos.
Dependiendo del desarrollo ético de cada república democrática los aportes de estas ONG se convierten en insumos e instrumentos de perfectibilidad democrática y por ello podemos medir niveles de libertad ciudadana según el respeto gubernamental a estas organizaciones ciudadanas, las cuales para su funcionamiento reciben financiamiento de fondos internacionales debidamente auditados por instancias de reconocido prestigio.
En Venezuela las ONG de mayor actividad son las que luchan por las libertades sociales y políticas y por el derecho a la salud, ellas se han convertido en una línea de resistencia moral y operativa del sistema democrático y de la supervivencia de las familias más desasistidas ante el impacto devastador de las políticas fundamentalistas del régimen, el cual convirtió al país en feudo de ideologías extremistas que han traído hambre, miseria y muerte a toda la población sin distingo de clases, religión o posición política.
Cada día estas ONG han logrado mayor representatividad y poder de convocatorio, ante ello el régimen pretende anular, eliminar, acabar, su presencia como agentes de defensa y movilización democrático y a tal efecto, por medio de una Ley de Cooperación Internacional, ha decidido establecer controles con los cuales estas ONG quedarán sujetas a las instrucciones oficiales, es decir, será el régimen quien dirá lo que pueden hacer o no estas organizaciones ciudadanas.
El principal fin que busca todo régimen arbitrario que consecuencialmente ha abandonado la normativa legal para ejercer el Poder, es copar todas las instancias de decisión a fin de imponer las medidas que satisfagan sus intereses. Ya el oficialismo, encabezado por el Presidente usurpador, ordena como si fuera la oficina de un Ministerio lo que debe hacer y decidir el Poder Legislativo, representado por la írrita Asamblea Nacional y por otro lado, el vergonzoso Poder Judicial está postrado ante lo que le ordene el gobierno de facto que hoy conduce los destinos de nuestro sufrido país.
No contento con ello y con tener a su orden el aparato ejecutivo que significa todos los Ministerios, incluyendo al de la Defensa que representa a la Fuerza Armada, ahora se amenaza a la sociedad civil con la Ley de Cooperación aludida que anda dando peligrosas vueltas por la Asamblea Nacional, mediante la cual “…serán sometidas a evaluación a los fines de su suspensión, restricción o eliminación definitiva” las ONG que reciban para sus actividades cooperación internacional “que afecten el desarrollo integral del país”.
Como la corrupción y la violación de los Derechos Humanos son unas de las actividades que destacan en el giro del actual sistema de gobierno, se supone entonces que cualquier ONG que investigue estos bochornosos hechos, Como PROVEA, el Observatorio Venezolano de Prisiones o Transparencia Venezuela, “estarían afectando el desarrollo integral del país”. Es así, con ese siniestro cinismo, que pone al pie del sepulcro a las ONG del país, es que la Asamblea Nacional trata de manejar y de anular las actividades de estas instituciones que desarrollan sus actividades en beneficio del pueblo venezolano.
La Ley en cuestión crea el Fondo de Cooperación Internacional en donde se supone que irá a parar todos los recursos que vengan de afuera del país, como expresa el dicho popular: “Zamuro cuidando carne”. Por otra parte, con la reputación de corrupto del régimen, se supone que ningún país u organismo internacional pondrá sus recursos a la orden de tal Fondo.
La guinda que corona el pastel que constituye la Ley en comentario es la delegación que la Asamblea Nacional, siempre tan presta a cumplir las órdenes del oficialismo, le otorga al Presidente ilegítimo al cederle a través de la potestad reglamentaria todo lo relativo a los parámetros de evaluación de las ONG del país y a la creación y funcionamiento del codiciado Fondo aludido.
Según la red “Acceso a la Justicia”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han cuestionado el texto legal del mismo contenido que circuló hace algunos años. Venezuela entera ha de pararse en contra de la aprobación de tal atentado en contra de la sociedad civil.
En síntesis, el régimen busca crear una imagen de normalidad mediante una burbuja de consumo que no alcanza al diez por ciento de la población, al mismo tiempo de cancelar las voces disidentes que denuncian la constante violación de los derechos ciudadanos, por ello le es imperativo callar a las ONG, podrán cercarlas administrativamente pero sus voces seguirán retumbando en la conciencia del mundo entero, porque hablan en nombre de un pueblo que muere de hambre dentro de un cautiverio. Vamos todos a respaldar a las ONG, ellos representan a Venezuela y son un grito de libertad que debe resonar con fuerza en todos los confines democráticos.
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