El régimen de Nicolás Maduro cumplió su cometido de desprestigiar a los partidos políticos mediante diferentes estratagemas en las cuales han participado de manera directa o indirecta muchos factores de la oposición, obteniendo como resultado una gran desconfianza popular hacia todas las organizaciones partidistas sin excepción.
Ante este escenario el pueblo venezolano ha resurgido dentro de la política con inmensas y consistentes movilizaciones ciudadanas que no tienen un liderazgo determinado, sino que es expresión múltiple del espíritu democrático sembrado en nuestra idiosincrasia y en el apego a una Constitución, que no obstante violada a cada rato por el oficialismo, es letra viva para la gente noble de nuestra sociedad que pugna para abrirle paso a cambios que garanticen un modo de vida sustentado en el trabajo y no en las dádivas que dispensa el régimen para mantener bajo control a gruesas capas de nuestra sociedad.
En la calle se está palpando una realidad que la nomenclatura oficialista pretende desconocer con una costosa propaganda sobre espectáculos con artistas famosos, restaurantes de lujo, tiendas exclusivas con diseñadores renombrados, en fin, toda una parafernalia consumista que disfruta una elite de beneficiarios adscritos a las cúpulas gobernantes, pero que deja por fuera y en penuria grave a más del noventa por ciento de la población. Todas estas movilizaciones de trabajadores y ciudadanos de a pie responden a convocatorias de gremios y sindicatos, los cuales están integrados en plataformas donde interactúan con grupos organizados bajo las figuras jurídicas de ONG, conformando en su conjunto bloques de opinión y de acción orientados exclusivamente a luchar por el cumplimiento de la Constitución de manera absolutamente pacífica.
Contra estas nuevas formas de articulación que son ajenas a las directrices partidistas está arremetiendo el régimen con la creación de una ley de fiscalización de estas ONG que prácticamente busca eliminarlas. Igual está arremetiendo contra los pocos medios de comunicación social que han resistido a los embates de la crisis y el hostigamiento contra la libertad de expresión, ejemplo reciente es el ataque que ha desplegado el gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, contra El Diario de Los Andes, periódico que simplemente ha publicado las denuncias de los dirigentes magisteriales en contra de autoridades que quieren acabar sus legítimas protestas a través de amenazas y chantajes. Para los editores de este periódico amigo nuestra palabra de apoyo y solidaridad.
Precisamente estas situaciones corroboran que la Constitución de la República de Venezuela es “una Constitución de papel”, como llamó Fernando Lasalle, este fenómeno jurídico-político-social en su libro ¿Qué es la Constitución?, escrito a mediados del siglo XIX.En esa época el positivismo jurídico castrador de una explicación cabal de lo que es el sistema legal pues “todo lo que no sea norma jurídica es irrelevante para el Derecho” como lo pregona, no se había apropiado del estudio y conocimiento de lo que debe entenderse por régimen legal. Por ello Lasalle en forma sencilla explica que la esencia de las Constituciones de los Estados obedece a los intereses de los factores de poder de la sociedad y que cuando sus lineamientos no se inspiran en esos factores, la Constitución deja de tener positividad, deja de tener su función ductora de cómo ha de regirse el poder del Estado y reconocerse los derechos ciudadanos.
Cuando la Constitución se inspira y plasma esos intereses de los factores de poder de la sociedad podemos estar tranquilos, escribió Lasalle, pues la normativa constitucional se cumplirá sin problema. Cuando al contrario las normas constitucionales no van acorde con los intereses que prevalecen en la sociedad veremos como su positividad, utilidad y cumplimiento se tambalea.
La Constitución que podría reflejar la realidad venezolana sería una de marco militarista impune-capitalista primitivo. Los factores de poder se ven reflejado en la élite militar perpetradores de delitos y hasta crímenes de lesa humanidad sin que se le enjuicie penalmente y en una burbuja de riqueza de los “enchufados” rodeados por la miseria de la inmensa mayoría de los habitantes de este sufrido país. Es por ello que se suscitan las manifestaciones de los educadores y empleados públicos en general, hambreados con salarios miserables que no se compadecen con el mandato de la letra de nuestra Constitución y por el cierre de medios de comunicación que niega el derecho que tenemos los venezolanos de manifestar libremente nuestra opinión. Así mismo, por ello clamamos estupefactos ante la arremetida en contra de la sociedad civil a través del ataque a las ONG.
No hay duda que para ser coherentes y que nuestra carta magna refleje la realidad, necesitamos una nueva Constitución que evidencie el contexto de la monstruosa realidad del dictatorial régimen que asola al país o, por el contrario, requerimos desplazar los actuales factores de poder para crear un régimen auténticamente democrático, que haga realidad nuestra magnífica Constitución actualmente devaluada.
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