Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
Para el común el Poder Judicial es la cenicienta de los Poderes del Estado si se compara con el influyente Poder Legislativo o Asamblea Nacional centro hegemónico del poder político partidista o el poderoso Poder Ejecutivo administrador de los recursos del Estado a través de las dos decenas de sus ministerios de los cuales dependen el poder militar y el poder policial, cara visible de la represión estatal.
Entonces, ¿Qué papel juega el Poder Judicial? ¿Tiene algún chance de compararse con los otros dos Poderes del Estado?
La respuesta es positiva a estas interrogantes pues el Poder Judicial está por encima del Legislativo y el Ejecutivo ya que resuelve en última instancia los conflictos que estos presenten entre sí o con respecto a la ciudadanía o al orden legal vigente.
Se piensa que los tribunales de la República solo actúan para divorciar a los cónyuges, para cobrar coactivamente acreencias vencidas, para condenar y llevar a prisión a ladrones u homicidas y hasta allí llega su mando. Pues no, Los tribunales de la República pueden revocar una ley aprobada por el Legislativo o pueden anular un decreto o cualquier decisión que tome el Ejecutivo si esas leyes o decisiones contradicen el orden jurídico del país. Por otra parte, en relación a la ciudadanía es el único aparato estatal que está facultado para suprimir sus garantías constitucionales como someterlo a prisión o allanar su hogar, entre otras. La conclusión es que el Poder Judicial se constituye en el órgano de máximo dominio en un Estado de Derecho y es precisamente el guardián de que tal característica estatal se conserve incólume.
Es el custodio le la legitimidad de la actuación de los otros órganos del Estado y de las garantías que deben proteger al ciudadano en relación a las decisiones que contra él tomen los otros Poderes estatales. Su misión es estar por encima y vigilante, como una especie de “dron guachimán”, de la legitimidad de todo aquello que acontece en el Estado.
Es allí en dónde radica la principal característica de un Estado de Derecho: un Poder Judicial independiente con jueces autónomos en su proceder, que tomen las decisiones adecuadas cuando los otros órganos del Estado se desvían hacia la arbitrariedad.
Cuando lo jueces pierden la autonomía sobre la cual se erige la independencia del Poder Judicial, el Estado de Derecho se derrumba y es reemplazado por un mando arbitrario que se caracteriza por ser un poder irregular y caprichoso, como una vez lo definió Luis Recasens Siches: irregular pues no se aplica la ley a todos por igual y caprichoso, ya que la ley es sustituida por el mando antojadizo de quien detenta el poder de hecho y no de Derecho.
Este último párrafo creemos que define la realidad judicial venezolana que llegó a la exageración de que el Tribunal Supremo de Justicia haya dictado una sentencia propia de mentes esquizofrénicas, al ordenar que se tenga por no realizado un hecho que acaeció, a fin de complacer sumisamente instrucciones arbitrarias del oficialismo. El sustituir la realidad por ficciones es propio de esta enfermedad psiquiátrica, que se pone de manifiesto al negar en esa sentencia lo acontecido en la realidad como fueron la elección Primaria del 22 octubre y decidir que tal hecho real no tenga efecto jurídico alguno.
Otro órgano que debía ser amparado con esta característica de independencia es el Ministerio Público, pero vemos con estupor que llega a otros países cuyos dignatarios se asombran con lo que sucede en Venezuela, como el Fiscal General, antes de realizar alguna investigación de lo sucedido, a esa gesta democrática de la Primaria la califica como delito y procede a citar ilegalmente, violando normas constitucionales y del Código Orgánico Procesal Penal como “investigados”, a las personas que diligentemente cumplieron con el cometido que les otorgó legalmente la ciudadanía.
Afortunadamente para Venezuela y desdicha para la nomenclatura oficial que pretende torcer la voluntad ciudadana mediante el rabulismo de jueces sumisos, en la conciencia de nuestro pueblo prevalece el sentido de justicia como base del sistema democrático y este sentimiento popular se activó y está en ruta de alcanzar un triunfo definitivo.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
9 noviembre, 2023