Venezuela acusó un segundo grave golpe en el proceso que se sigue en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) acerca del conflicto limítrofe referido al Esequibo. Peligrosos “palos” debido a equívocos estratégicos y falta de visión jurídica en los erráticos alegatos que ha esgrimido el oficialismo en esa instancia internacional, lo que ha llevado al país a tener una posición confusa, ambigua, ante una aparente fortaleza de Guyana en la confrontación judicial.
Un artículo de opinión del profesor universitario e Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Héctor Faúndez Ledezma, explica con la sencillez propia de la sapiencia, la comprometida situación en la que se encuentra nuestro país y cuál ha de ser la actitud que debe asumir en el proceso, que pone en riesgo aproximadamente el 15 por ciento del territorio nacional. Es imposible reproducir en este espacio todos los razonamientos y argumentos muy bien explicados que esgrime el profesor Faúndez Ledezma en su artículo, por ello con su permiso que abusivamente nos otorgamos, trataremos de resaltar lo más importante.
Venezuela ha incurrido de manera inveterada en denunciar ante la propia CIJ su incompetencia en el conflicto en cuestión lo cual le ha generado dos decisiones en contra, la del 18 de diciembre de 2020, en la cual el Tribunal afirmó su competencia para conocer del caso y la reciente sentencia de hace una semana, el 6 de abril, al rechazo de la oposición oficialista de la admisibilidad de la demanda propuesta por Guyana, como la negativa a la solicitud de incluir al Reino Unido de Gran Bretaña y a Irlanda del Norte como “parte indispensables” en el proceso. Por eso Faúndez titula su artículo: “¡SEGUNDO AVISO!”. Extraña por otra parte al avezado profesor el festejo del oficialismo ante la sentencia que implica el rechazo de lo solicitado por Venezuela. Peligrosa demagogia que trata de disimular el fracaso.
Continúa el artículo con una precisión magistral por su abstracción y síntesis, precisando: hasta un par de década, antes de que la actual administración metiera su ignorante y siniestra manos en el asunto (lo de ignorante y siniestra es nuestro), la posición de Venezuela en la controversia era muy simple: 1) el proceso arbitral que condujo al Laudo de París fue una farsa; 2) el Laudo de París es nulo; 3) el territorio situado al oeste del río Esequibo pertenece histórica y jurídicamente a Venezuela.
Por lo anterior se extraña Faúndez y se pregunta: ¿Por qué teníamos que apartarnos de ese guión? ¿Por qué absurdamente teníamos que negar la competencia de la Corte? ¿Por qué teníamos que incurrir en el ridículo de sostener que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte era parte indispensable en este procedimiento? Todo esto concluyó en una lección magistral de Derecho Internacional que nos dieron los abogados de Guyana sobre cuestiones que no cuentan en esta disputa y para colmos, sabíamos que íbamos a perder.
El territorio en disputa perteneció a la Capitanía General de Venezuela para la fecha en la cual se declaró la independencia, incorporándose la provincia de Guayana en 1819, por lo cual conformó el espacio territorial de la actual República de Venezuela, con base al principio universalmente reconocido, que sin necesidad de copiar los latinajos que acostumbran los abogados, se puede traducir de la siguiente manera: seguirás poseyendo y ejercerás tu imperio sobre aquellos territorios que antes poseías.
En verdad fue un despojo el Laudo Arbitral de París de 1899, que actualmente impugnamos, en el cual Venezuela no tuvo participación directa, pues sus intereses fueron llevados por dos representantes norteamericanos, contraparte de los dos ingleses y un ruso que tuvo la última palabra, otorgándole el territorio que hoy se reclama a Inglaterra, en contra de la tradición histórica y las razones jurídica. Nos queda escasamente un año para demostrar la nulidad de ese Laudo como también los títulos históricos y jurídicos sobre el territorio que reclamamos.
Sin embargo, le preocupa al jurista Faúndez la terquedad del gobierno venezolano al asumir la posición de que “Venezuela no reconoce el mecanismo judicial” en cuestión como medio de solución de esta controversia, pues luego de la sentencia inapelable sobre el fondo del asunto, no quedará otra alternativa sino aceptarla, como lo hará el resto de los países del mundo. Sòlo al final de su artículo nuestro doctor especialista en Derecho Internacional, debido a tanta tozudez del oficialismo, pierde su imperturbable ponderación para escribir: “¿Sabe el capitán hacia donde está conduciendo la nave del Estado? ¿O será que el capitán está borracho?”
No queda otra respuesta ante la ácida pregunta que el capitán y toda la tripulación están borrachos de poder, por lo que no pueden evaluar las delicadas situaciones en las cuales se encuentran relacionadas con la justicia internacional, por ello llevan “palo” en la Corte Penal Internacional y ahora en la CIJ.
Somos parte en un juicio ante la CIJ para defender el derecho que nos asiste sobre el Esequibo y si no hay cambios en la manera de proceder, el país tendrá pocas esperanzas de éxito. Urge un cambio político que nos instale en el camino de la sindéresis.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez