Por Abg. Erasmo Velázquez*
Los procesos electorales en la Venezuela de los últimos años han sido escenario de conflictos que afectan la percepción que se tiene de la democracia y además limitan la legitimidad de los poderes públicos. Los conflictos electorales son el motor que mueve las campañas electorales del último siglo, cuya consecuencia es la crisis institucional de dimensiones inimaginables que hoy presenta el país. Sin embargo, a pesar de que existen normas, instituciones y reglas que regulan la competencia, todos los procesos están plagados de irregularidades, a las que se agregan un ambiente de polarización, campañas sucias y acusaciones de fraude que han llevado a disputas poselectorales violentas, con gran saldo de muertos y heridos. Este contexto se suma la violencia criminal a través de los colectivos, grupos de choque y pranes que se ha extendido prácticamente a todo el territorio y producen una crisis de seguridad generalizada donde los delincuentes influyen en los electores.
Las recientes declaraciones en mítines políticos o programas de televisión dadas por funcionarios ligados al régimen de Nicolás Maduro, entre las que destaca la reciente declaración del gobernador del estado Trujillo pone en evidencia el impacto que tiene la violencia en los procesos políticos y electorales donde es indudable un incremento en el uso de recursos públicos, la presencia de violencia política estatal como los ataques físicos, la intimidación, la coacción, la represión y sobre todo las distintas modalidades que las instituciones públicas están utilizando para ejercer coerción del voto como la compra de voto, acarreo o coacción al votante, el uso de programas sociales con fines electorales, la obstaculización del voto limitando por ejemplo que los venezolanos en el exterior lo ejerzan, el falsificar documentos para en nombre de la ley limitar a los candidatos a través de las “inhabilitaciones”, entre otras, que sin lugar a dudas constituye un acto predatorio más de la gobernabilidad ya casi inexistente y contra la integridad de las primarias y la futura elección presidencial que producen un claro daño a la democracia.
En el escenario actual, donde la ciudadanía ha expresado su apoyo a la organización y realización de las primarias, el régimen utiliza el conflicto y la violencia como mecanismos de intervención para destruir un proceso legal y legítimo, cuyo objetivo es ganar las elecciones presidenciales a través de actos ilegales e ilegítimos, como por ejemplo las inhabilitaciones por vía “administrativa” a los candidatos; intimidar o capturar a los candidatos para que efectúen o permitan el ejercicio de actividades ilícitas y sobre todo controlar a los ciudadanos a través del chantaje, el miedo, la desesperanza y la subordinación.
Ante esta situación, la ciudadanía tiene el gran desafío de mostrar su cultura cívica, sin violencia y con firmeza, defendiéndose a través del ejercicio de sus derechos constitucionales. La violencia no se vence con la violencia, sino se vence a través de actos de incidencia pública, exigibilidad de derechos y sobre todo con una Organización fuerte que promueva la democracia, la paz y el respeto a los derechos humanos.
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*Abogado. Politólogo. Profesor Universitario ULA NURR. Equipo Regional de Vente Trujillo. Responsable Nacional de Relatorías Estadales del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela.
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