Vente Venezuela denuncia "patrón de criminalización" contra Rocío San Miguel presa hace un año

Caracas, 9 feb (EFE).- El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV) -partido liderado por la antichavista María Corina Machado- denunció este domingo lo que consideró «un patrón sistemático de criminalización» contra la activista y presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien cumple un año detenida.

«Hoy alzamos la voz por ella y por todas las mujeres que actualmente son víctimas de tal injusticia y de un patrón sistemático de criminalización contra quienes luchan por la justicia y la libertad», afirmó VV a través de X.

San Miguel fue acusada por la Fiscalía de tener un supuesto vínculo con una conspiración que incluía un presunto plan de magnicidio contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, y detenida el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.

VV aseguró que, tras su detención, San Miguel permaneció «diez días incomunicada y sin que se conociera su paradero» hasta que -agregó- se «pudo conocer que estaba recluida en el Helicoide», la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

A juicio del comité, la activista -señalada de los presuntos delitos de «traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación entre otros», según la ONG Acceso a la Justicia- es «acusada de crímenes que no cometió» y está «sometida a vulneraciones y tratos crueles que hoy comprometen su salud gravemente».

«¡Exigimos medidas humanitarias para Rocío y su libertad inmediata!», reiteró VV.
En diciembre pasado, el abogado de la activista, Juan González Taguaruco, dijo que ella sufrió una fractura en agosto que fue diagnosticada cuatro meses después.

Varias ONG se han pronunciado a favor de San Miguel, entre ellas el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que afirmó que, durante estos 12 meses, la activista ha sido sometida a un proceso que tacha de «viciado», «plagado de irregularidades» y «violaciones» a las formalidades legales.

Según el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, San Miguel «entregó información» sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a embajadas de otros tres países, datos que no precisó.