La misma fue vendida por la Alcaldía de Rafael Rangel mediante un decreto ejecutivo del gobierno local, que tenía como objetivo no llevar la desincorporación de estos activos a la Cámara Municipal, donde es posible tuviera trabas, sin embargo de los 9 vehículos vendidos y 6.5 toneladas de material ferroso, estos fueron llevados al centro del país de forma apresurada
La venta de nueve vehículos en malas condiciones mecánicas y 6.5 toneladas de material ferroso, vendidos como chatarra por la suma de un mil 500 millones de bolívares por parte de la Alcaldía de Rafael Rangel, puede generar un escándalo en el municipio, según logró conocer ayer el periodista, a quien le fue imposible consultar con algún funcionario del gobierno local o del Concejo, por no haber actividades en la municipalidad, esto en lo que se refiere a las dos corporaciones que funcionan en el mismo lugar, Alcaldía y Concejo.
Según el decreto, cuyo llamado a apertura de sobres se hizo a través de un aviso publicado en un diario de circulación nacional, salió favorecida una empresa de fuera de la región, realizando la venta con todos los requisitos, sin embargo, para esta desincorporación no fueron tomados en cuenta los integrantes del Concejo, en su mayoría de oposición, los cuales tendrían que haber participados de la venta, y la autorización del cuerpo con determinado número de votos a favor, según el inciso 10 del artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal que taxativamente señala entre los deberes y atribuciones del Concejo Municipal: “Aprobar las concesiones de servicios públicos o de uso de bienes del dominio público y lo concerniente a la enajenación de los ejidos y otros inmuebles, previa solicitud motivada del Alcalde o Alcaldesa”. Lo que quiere decir que para la enajenación o desincorporación de los bienes en mención se debería de haber tenido la opinión de los concejales.
Conoció el periodista que en el transcurso de la semana que se inició ayer, se debe conocer la opinión de los concejales en esta presunta irregularidad, donde precisamente el cuerpo representado por ellos no fue tomado en cuenta para la desincorporación de estos bienes, que el parecer valen mucho más de la suma que según el decreto en mención recibió la Alcaldía, mil 500 millones de bolívares, pues se habla de un 500 por ciento más, valor real de los vehículos desincorporados.
El hecho será denunciado
También conoció el periodista que al parecer la presunta irregularidad en la venta del activo en cuestión, que debería de haber tenido conocimiento el organismo legislativo municipal, será denunciado ante la Contraloría Municipal y Regional, siendo llevada también la denuncia ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional a través de los diputados regionales.
Control sobre el gobierno local
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Las investigaciones y denuncias que puedan hacer los concejales también están amparadas por el inciso 20 del mencionado artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, que señala entre las atribuciones de los concejales “Ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración pública municipal en los términos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta Ley”.
