Caracas, 25 nov (EFE).- Más de 200 mujeres han sido asesinadas este año en Venezuela, en medio de una ola feminicida que no se ha detenido y que es la expresión máxima, pero no la única, dentro de las mil formas de violencia de género que están presentes en el país.
Otrora llamado «el país de las mujeres», Venezuela hoy victimiza, y en muchos casos revictimiza, a miles de sus ciudadanas bajo un sistema que, paradójicamente, contiene legislación avanzada para protegerlas pero carece de voluntad política y rebosa de impunidad.
UNA MENOS CADA 33 HORAS
Durante 2020, los feminicidios se dispararon en Venezuela conforme se ordenaba el confinamiento de sus casi 15 millones de mujeres. En los primeros 10 meses del año, mientras el mundo contaba muertes por la pandemia, el país petrolero perdió a 217 habitantes por violencia de género.
Así lo ha registrado el portal Utopix, una organización que encendió las alarmas en 2019, cuando empezó a medir estos casos en vista del silencio oficial, pues el Ejecutivo venezolano no publica desde hace años estos indicadores ni casi ningún otro que esté relacionado con la criminalidad.
Entonces, con el país en cuarentena parcial, han aumentado en un 120 % los feminicidios respecto al mismo período del año anterior, un incremento tan estruendoso que ha sido reconocido por la Justicia venezolana, aunque con un número menor de procesados y condenados.
«En este contexto de crisis general, la población de mujeres se está haciendo cada vez más vulnerable por la crisis misma», explica a Efe la psicóloga Magdymar León, coordinadora de Avesa, una organización que lleva 37 años defendiendo los derechos de las mujeres en el país.
Llegados a este punto, advierte, urge una revisión de las políticas públicas, para que incluyan una perspectiva de género, y de la sociedad en general, para determinar «por qué los hombres están matando a sus compañeras» o qué les hace pensar que tienen «derecho» a hacerlo
ESTADO SANCIONADO
Las respuestas a estas preguntas pueden encontrarse tanto en la cultura machista, arraigada incluso en las mujeres del país, como en la impunidad que abunda en estos casos y por la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sancionó al Estado venezolano en 2018.
La histórica condena, la primera contra un Estado por violencia de género cometida por un particular, la consiguió Linda Loaiza, una abogada de 39 años que demandó a su país por negarle un acceso oportuno a la Justicia luego de haber sido raptada, violada, mutilada y torturada en 2001.
«El Estado permitió la tortura y la esclavitud sexual (…) hubo aquiescencia del Estado, es decir, que lo permitió, lo facilitó», explica a Efe Loaiza, al rememorar el trato discriminatorio que recibió en aquellos años cuando llegó a hacer una huelga de hambre para protestar contra la absolución del acusado.
La mujer, respaldada por la sentencia internacional que no ha sido acatada en su país, sigue sedienta de justicia, luego de haber «quitado el velo a las instituciones» venezolanas, como ella describe haberse enfrentado a todo un sistema que la menospreció y revictimizó.
«Si alguien quiere saber cómo ha sido el progreso de los derechos de las mujeres a todo nivel (…) lo puede ver reflejado específicamente en mi caso, porque creo que allí están todas las caras de la moneda», sostiene.
¿CUÁL FEMINISMO?
Todo esto ha ocurrido bajo un Gobierno que, de modo incesante, se define a sí mismo como feminista y vitorea a las mujeres por su contribución en la llamada revolución bolivariana.
«Denme más barrigonas (embarazadas)», ha dicho en varias oportunidades el mandatario venezolano, Nicolás Maduro. Con 96 % de pobreza y la tasa de embarazo adolescente más alta de Suramérica el presidente, que se dice feminista, ordena que haya más y más gestaciones.
Ante ello, Avesa ha denunciado que la política pública venezolana no está centrada en las mujeres sino en las madres, lo que envía un mensaje a las ciudadanas de que serán «protegidas» siempre que se reproduzcan.
Así, la libertad para decidir no es promocionada en un país que tiene una ley de protección de la mujer desde 2007 -aunque el Ejecutivo no ha aprobado el reglamento para hacerla cumplir completamente- y que sigue penalizando el aborto incluso en casos de violación sexual, incesto o malformaciones congénitas.
Mientras tanto, Maduro sigue pregonando su amor a las mujeres, especialmente a su esposa, Cilia Flores, a quien recientemente describió como su «única propiedad». Es «de lo único que soy dueño», afirmó, entre risas, en una alocución que fue transmitida por la televisión estatal y duramente criticada por afines y opositores en redes sociales.
LA DEUDA
A este 25 de noviembre, Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, Venezuela llega «en unas condiciones críticas», o así lo pondera León, al destacar que las brechas de género se han intensificado en medio de la crisis económica y de la pandemia por covid-19.
«Hay una diferencia más grande entre hombres y mujeres para acceder a los recursos (…) a la alimentación», advierte la psicóloga, sin dejar de mencionar que las féminas se están quedando atrás y que ello se evidencia en el hecho de que cada vez «hay menos mujeres en las universidades».
Loaiza, entretanto, lamenta que la misoginia siga imponiéndose al más alto nivel del poder público y que el Estado aún no cumpla con lo exigido por la CorteIDH, entre lo que se solicita institucionalizar la perspectiva de género en el sistema de justicia y sanitario, así como dentro de los cuerpos policiales.
La sentencia responsabiliza al Estado venezolano por la violación de derechos como la integridad y libertad personal o la igualdad ante la ley, así como por haber permitido la tortura, los tratos crueles y degradantes hacia una mujer que sigue sin recibir justicia y que retrata con su caso el estado actual de las mujeres en el país.
Venezuela tiene una vicepresidenta, varias ministras, mujeres cabezas de instituciones públicas, gobernadoras, alcaldesas, diputadas y un presidente que se autoproclama feminista. Aun así, la realidad es la que es.
Héctor Pereira