Caracas, 26 ene (EFE).- La negociación política entre el Gobierno de Venezuela y la oposición cumple este jueves dos meses estancada, luego de que las partes anunciaran en noviembre pasado, a bombo y platillo, un acuerdo que no se ha materializado. Sin avances a la vista, la paciencia se agota y el diálogo está, nuevamente, bajo amenaza de suspensión.
El 26 de noviembre, los negociadores suscribieron un «acuerdo social», en México, que contempla la creación de un fondo fiduciario manejado por Naciones Unidas para canalizar 3.000 millones de dólares destinados a aliviar el hambre, las enfermedades y otras necesidades del país.
Dos meses después de aquel anuncio, solo queda la incredulidad, una sensación que hoy afecta la valoración de la mesa de diálogo y su efectividad, o no, para resolver los grandes problemas de Venezuela, especialmente ante la cercanía de unas elecciones presidenciales que el mundo ve como la gran oportunidad de salir de la crisis.
TIEMPO MUERTO
Han transcurrido 61 días desde la firma y Venezuela no ha percibido ningún beneficio de ello. Pero la realidad bajo cuerda es incluso más desalentadora, pues los avances son tan minúsculos que auguran más meses de espera antes de que esa ayuda llegue a alguna de las millones de personas que viven en pobreza extrema.
El jefe negociador de la oposición, Gerardo Blyde, dijo en una rueda de prensa que hay «mucho trabajo por hacer», por lo que pidió al oficialismo «arremangarse la camisa» y «volver a la mesa», en vez de poner ultimátum sobre la continuidad de las negociaciones en vista del retraso, algo que el antichavismo reconoce que existe.
Todavía, remarcó el antichavista, es necesario «terminar de identificar» las riquezas venezolanas congeladas en el exterior que prevén usar para este fondo, un mecanismo que no ha sido ni siquiera creado pese a las numerosas reuniones de las últimas semanas.
Una fuente ligada a estas conversaciones -que pidió permanecer en el anonimato- explicó a EFE que el retraso se debe a inasistencias por parte de representantes del Ejecutivo a algunas reuniones, la incapacidad de la oposición para acelerar los trámites en el exterior y a la amplia burocracia de la ONU.
Mientras tanto, el país solo sabe que lo acordado no avanza y, si solo se escucha al jefe negociador del oficialismo, Jorge Rodríguez, que esto es «por culpa» de la oposición.
«No hay ninguna razón» para continuar con la negociación «si no se cumple con la devolución» del dinero «robado», dijo el chavista, presidente del Parlamento y negociador plenipotenciario en estas gestiones.
DETRÁS DE CÁMARAS
Pero cuando no hay micrófonos encendidos, la estridencia desaparece y es allí cuando actores como Noruega -el mediador de este proceso- y la ONU buscan acercar posiciones y reanudar los trámites, todos en etapas «muy incipientes», aseguró a EFE un negociador que, «por cuidar el diálogo», pidió no ser identificado.
Otra persona que participa en las reuniones técnicas detalló que las áreas de trabajo identificadas para la canalización de estos recursos avanzan con disparidad. Por ejemplo, el equipo que aborda asuntos de salud y atención a la niñez muestra mayores avances que los alcanzados en materia de gestión de riesgo y desastres.
El plan incluye, entre otras tareas, reparar 2.300 escuelas y 14 hospitales, aumentar la generación eléctrica, mejorar la inmunización, asegurar los tratamientos a 60.000 personas con cáncer y otras miles con VIH/Sida, así como apoyar a algunas de las 26.000 familias que se vieron afectadas por las lluvias en 2022.
Nada de esto tiene fecha de materialización y nadie se atreve a estimar cuánto tiempo pasará antes de que algo de ese plan se haga realidad, lo que alimenta las especulaciones sobre el limbo en el que entraron las conversaciones.
En paralelo, el Gobierno ha dado pistas sobre un posible adelanto de las presidenciales para este año o sobre la creación de un nuevo organismo electoral, temas que no han sido tratados todavía en la mesa, según la oposición.
De cualquier forma, el centro de estas negociaciones siempre ha sido escoger un nuevo jefe de Estado en elecciones avaladas por la comunidad internacional para poner fin a la crisis de legitimidad que comenzó en 2019. Esa meta se presagia, todavía, difusa.