Caracas, 24 jun (EFE).- Venezuela solicitó este jueves a Cabo Verde respetar la decisión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) sobre la ilegalidad de la detención de Álex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, acusado de lavado de dinero, y pidió su liberación.
«La República Bolivariana de Venezuela hace un llamado a la República de Cabo Verde para que cumpla con sus obligaciones derivadas de los tratados internacionales, respete la decisión del Tribunal de la CEDEAO, ponga fin a la detención ilegal del embajador Saab y garantice su regreso seguro a casa», dijo la Cancillería en un comunicado.
Este mismo jueves, el Tribunal de Justicia de la CEDEAO volvió a confirmar la ilegalidad de la detención en Cabo Verde de Saab, reclamado por Estados Unidos por delitos de blanqueo de dinero.
En una vista celebrada en su sede de Abuya, la capital de Nigeria, el tribunal desestimó la petición de Cabo Verde para anular su sentencia de liberación del empresario colombiano, dictada el pasado 15 de marzo.
La corte falló entonces contra la extradición de Saab a EE.UU., se pronunció a favor de su libertad inmediata y ordenó a ese país insular de África Occidental el pago de unas costas que ascienden a unos 200.000 euros.
Según el Tribunal de la CEDEAO, bloque de países al que pertenece Cabo Verde, la detención del empresario resultó ilegal, arbitraria y conllevó la violación de sus derechos humanos.
Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo escala en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, tras una petición de EEUU a través de INTERPOL, pero la defensa alega que esa alerta se emitió después del arresto.
Cabo Verde sostiene que no tiene obligación de cumplir las órdenes del tribunal africano, pues no ha ratificado el protocolo que otorga jurisdicción a ese organismo en casos de derechos humanos.
Tras su detención, Venezuela aseveró que Saab es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno, que se hallaba «en tránsito» en Cabo Verde, por lo que sus abogados argumentan que «tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela».
El nombre del empresario, de 49 años, apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros del presidente venezolano.
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Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la Administración de Maduro.
Según el Gobierno estadounidense, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con «cientos de millones de dólares».
