Caracas, 21 may (EFE).- A seis meses de los comicios regionales y locales en Venezuela, con un cronograma a medida de los convocantes y un Consejo Nacional Electoral (CNE) visto con buenos ojos -aunque no sin recelos- por la mayoría, la propuesta de negociación de Juan Guaidó llegó a sembrar más dudas que certezas y a poner en jaque la agenda electoral.
Este viernes empieza la primera cuenta atrás para el 21 de noviembre, fecha para la que los venezolanos están llamados a elegir a sus representantes regionales y locales; medio año que definirá las verdaderas voluntades e intenciones, tanto del Gobierno como de la oposición que lidera Guaidó.
Pese a que, en apariencia, la postura de la oposición de cara a su posible participación en las elecciones se ha flexibilizado respecto a la que tenía frente los comicios legislativos del pasado diciembre, a los que no se presentó por considerarlos una «farsa», todo dependerá de si el Ejecutivo está dispuesto a ceder a sus pretensiones.
Pero no solo el Gobierno es el que podría poner trabas a la hora de sentarse a negociar, sino también los ciudadanos y organizaciones civiles, que serán quienes tengan la última palabra a la hora de depositar la papeleta.
DOS AGENDAS, DOS POSTURAS
Si bien el presidente Nicolás Maduro se mostró dispuesto a dialogar, dijo que también planteará su propia hoja de ruta, más allá de las condiciones impuestas por el líder opositor, entre las que plantea un cronograma electoral no pactado, que incluye la celebración de comicios presidenciales antes de la fecha correspondiente, que es el año 2024.
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En el otro extremo, la agenda de Maduro propone, entre otros asuntos, el rescate de todos los recursos del país en el exterior, la rendición de cuentas del dinero entregado por el Gobierno de Estados Unidos a Guaidó para conspirar y el regreso de todas las cuentas bancarias de Venezuela bloqueadas.
Asimismo, pedirá que «regresen Citgo y Monómeros», filiales de la petrolera estatal PDVSA en Estados Unidos y de la petroquímica pública Pequiven en Colombia, respectivamente, cuya gestión han entregado los respectivos países a juntas administrativas designadas por el opositor, por reconocerlo como presidente interino.
Además, el mandatario, sin mencionar directamente a Guaidó, dijo que «el primer punto de todos» los que llevará a la agenda de negociación es que la «oposición extremista renuncie al camino del golpismo, del intervencionismo y de llamar a invasiones contra el país y reconozca la Constitución y poderes legítimos».
Con su hoja de ruta en mano, Maduro está dispuesto a sentarse «con todos» los mediadores que se consideren, tanto nacionales como internacionales: «Que venga la Unión Europea, el Gobierno de Estados Unidos, el Gobierno de Noruega y el Grupo (internacional) de Contacto».
Por el momento, el opositor no se pronunció sobre las exigencias de Maduro, muy alejadas de las suyas.
OTRAS VOCES DISCORDANTES
La propuesta de Guaidó, con mejor receptividad fuera de las fronteras venezolanas que en el país, generó una nueva división entre los antichavistas que viven en Venezuela y, por tanto, los que afrontan los problemas reales del día a día.
Cada vez son más las voces que exigen un relevo en el liderazgo de la oposición, al que Guaidó asegura estar dispuesto, al menos de palabra, pero sus hechos dicen lo contrario, al mantenerse en una postura férrea que lo ancla a una supuesta «Presidencia interina» que debería haber durado 30 días y que ya ha superado los dos años.
Mientras la Unión Europea, Estados Unidos y otros países e instituciones aplauden desde la distancia la propuesta del opositor, una parte del antichavismo en Venezuela considera que es una nueva estrategia condenada al fracaso, ya que no cuenta con el apoyo de la «unidad opositora» que reclama Guaidó.
A estas voces, se han sumado algunas organizaciones, como Foro Penal, que este mismo viernes, sin mencionar directamente al opositor, instó a no usar a los presos políticos como piezas de negociación, días después de que Guaidó planteara la liberación de los reos como condición para poder avanzar en el acuerdo.
«El Foro Penal no se hace parte (…) ni apoya ninguna negociación con ese propósito concreto de utilizar a estos ciudadanos como piezas de negociación», dijo el director presidente de la ONG, Alfredo Romero.
El activista aseguró que defiende el diálogo como vía de solución a los problemas que atraviesa Venezuela, pero sin que los presos políticos sean utilizados como piezas para el beneficio de las partes que protagonizan estos procesos.
Ante este panorama, las dudas ganan a las certezas a 6 meses de unos comicios con pocas probabilidades de ser modificados y moldeados a la medida de Guaidó.
