Redacción América, 31 jul (EFE).- El Gobierno de Venezuela ha desencadenado una inédita crisis diplomática simultánea con siete países de América Latina a raíz del cuestionamiento de estos acerca de la transparencia y limpieza de las elecciones del pasado 28 de julio en las que, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), Nicolás Maduro fue reelegido para un tercer mandato con un 51,2 % de los votos, un resultado que la oposición considera “fraudulento”.
Los países afectados son Argentina, Costa Rica, Chile, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Algunos de ellos han retirado motu proprio a sus representantes diplomáticos tras denunciar irregularidades en los comicios que dieron la victoria a Maduro y otros han sido obligados por Caracas a cerrar sus embajadas en el país caribeño y retirar su personal.
Todos ellos, excepto Chile, emitieron el pasado lunes una declaración conjunta en la que exigían la revisión completa de los resultados electorales y pedían una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que finalmente tiene lugar este miércoles. La solicitud también estaba respaldada por Ecuador, Guatemala y Paraguay.
Del mismo modo, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, han expresado su preocupación y críticas sobre los comicios.
Las reacciones de los líderes de los dos países latinoamericanos que tienen frontera con Venezuela (Guayana también es limítrofe) y que acogen a buena parte de los casi ocho millones de venezolanos desplazados que según la ONU hay en todo el mundo, apuntan a la existencia de irregularidades y falta de transparencia en el proceso electoral.
Situación precaria de la Embajada argentina en Caracas
La posición más complicada es la de la Embajada de Argentina en Caracas, donde seis asilados venezolanos que meses atrás buscaron refugio se encuentran en una situación precaria, lo que les hace temer por su seguridad y la de sus familias.
La embajada, según denunciaron las autoridades argentinas, ha sido objeto de asedio por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas, que han rodeado el edificio y restringido el acceso a suministros básicos y apoyo externo.
Esta presión ha aumentado debido a la insistencia del Gobierno de Nicolás Maduro en que la embajada debe cerrar sus puertas y entregar a los asilados.
El Gobierno argentino ha solicitado la intervención de organismos internacionales para proteger a los asilados y garantizar la integridad de su representación diplomática. Sin embargo, las tensiones siguen en aumento y la situación sigue siendo incierta para todas las partes involucradas.
La Cancillería argentina ha advertido a Venezuela sobre cualquier acción que ponga en peligro a su personal diplomático, y la canciller Diana Mondino ha viajado a Washington para participar en la reunión de emergencia convocada por la OEA.
En tanto, el Gobierno de Chile ha anunciado que el embajador venezolano abandonará el país en las próximas horas. El presidente Gabriel Boric, desde Emiratos Árabes Unidos, fue el primer mandatario en reaccionar, cuestionando los resultados de las elecciones y exigiendo transparencia en el proceso.
Boric criticó la expulsión del personal diplomático chileno de Venezuela, calificándola de «intolerancia impropia de las democracias». A pesar de la tensión, el presidente aseguró que Chile no es un país proclive a romper relaciones diplomáticas, rememorando los únicos casos ocurridos en 1943 con la Alemania nazi y Japón.
Panamá, por su parte, ha puesto en suspenso sus relaciones diplomáticas con Venezuela, y ha retirado a su cuerpo diplomático hasta que se revisen las actas de las elecciones.
El presidente José Raúl Mulino tomó esta decisión en respuesta al cierre unilateral del espacio aéreo venezolano para la compañía Copa Airlines, que afectó a un grupo de expresidentes invitados por la oposición para acompañar los comicios. La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá confirmó la suspensión temporal de vuelos comerciales entre ambos países.
Dura reacción de la Cancillería peruana
La Cancillería peruana en tanto ha rechazado los resultados y llamado a consultas a su embajador en Caracas.
El canciller Javier González-Olaechea reconoció a Edmundo González Urrutia, el principal aspirante presidencial que tenía la oposición antichavista en estos comicios, como presidente electo, y describió a Maduro como «un dictador que busca perpetuarse en el poder». Perú expulsó a los diplomáticos venezolanos en Lima en protesta por la situación.
Por su parte, el presidente dominicano, Luis Abinader, consideró indispensable un recuento de las actas con verificación internacional.
Venezuela exigió la retirada del personal diplomático de este país, a lo que Santo Domingo accedió, cerrando su embajada y su consulado en Caracas. No obstante, el ministro de Exteriores, Roberto Álvarez, manifestó la esperanza de reanudar relaciones diplomáticas en un futuro.
En Uruguay, el Gobierno de Luis Lacalle Pou calificó de injustificada y desproporcionada la expulsión de su personal diplomático por parte de Venezuela.
En un comunicado, la Cancillería uruguaya denunció la falta de transparencia en las elecciones venezolanas y la situación de desprotección en la que quedan miles de venezolanos residentes en Uruguay. Montevideo sigue exigiendo un escrutinio transparente y auditado internacionalmente.
Costa Rica, que no cuenta con embajada ni personal diplomático en Venezuela desde 2020, ha reafirmado su posición tras la expulsión de diplomáticos de otros países ordenada por Maduro. El presidente Rodrigo Chaves ha calificado de «fraudulenta» la proclamación de Maduro y ha repudiado categóricamente los resultados electorales.
Las reacciones y medidas tomadas por varios países latinoamericanos tras las controvertidas elecciones en Venezuela reflejan la creciente tensión y la preocupación por la integridad democrática en la región.
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