Caracas, 13 dic (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este lunes que Países Bajos negó el permiso de vuelo a un avión de la aerolínea estatal Conviasa que trasladaría a una delegación oficial, encabezada por ella, para una reunión con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, en La Haya, este martes.
«Han impedido el traslado efectivo y seguro de nuestra delegación a los Países Bajos. Entiéndase bien, lo han impedido, han puesto condiciones de imposible cumplimiento», dijo la funcionaria en un mensaje transmitido a través del canal estatal VTV.
Rodríguez informó que estaba previsto que mañana se diera un encuentro confirmado por el propio Khan, para «continuar» el trabajo en torno al memorándum firmado el pasado 3 de noviembre entre el Gobierno venezolano y la CPI, en el que se anuncia la apertura de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En el documento las partes acordaron que Venezuela, como jurisdicción nacional, «adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía de la CPI en virtud del principio de complementariedad».
Rodríguez aseguró que este encuentro era parte de ese compromiso de cooperación establecido, y que Países Bajos «no autorizó» el vuelo por razones de seguridad de la aeronave.
Indicó que el vuelo en el que viajaría la delegación era uno «oficial» y que Países Bajos negó el vuelo, asegurando que el avión no cuenta con un permiso llamado TSO (operadores de terceros países).
«La misma aeronave que me trasladaría junto a la delegación tuvo ese permiso el 9 de abril de 2021, hace apenas unos meses. Aquí está la evidencia del engaño, de cómo ellos están imposibilitando como Estado anfitrión, y violentando además el acuerdo que se llama exactamente Acuerdo Relativo a la Sede entre la CPI y el Estado Anfitrión», explicó la funcionaria.
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Recordó que el artículo 21 del acuerdo establece los «privilegios, inmunidades y facilidades» de las que gozarán los Estados que participen en actuaciones de la CPI.
«Los representantes de los Estados a los que se hace referencia en el párrafo 1 de este artículo no serán sometidos por el Estado anfitrión a ninguna medida que pueda afectar al desempeño libre e independiente de sus funciones ante la Corte», leyó la vicepresidenta, citando el acuerdo.
Además, aseguró que el Gobierno de Países Bajos autoriza el traslado en otra aeronave que «está en mantenimiento hasta el año que viene».
«Hay cinismo detrás de esta decisión, hay engaño, por eso señalamos que es una estratagema para engañar, para confundir. Ellos no pueden poner impedimentos para que un Estado parte del Estatuto de Roma se traslade a cumplir agenda de trabajo», apostilló.
Ante la situación, Rodríguez informó que la Cancillería venezolana informará del hecho al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y a la Presidencia de la Asamblea de los Estados partes del Estatuto de Roma.
«Venezuela eleva su más enérgica protesta contra el Gobierno del Reino de los Países Bajos por esta afrenta ilícita, ilegal, que violenta todo el ordenamiento jurídico internacional», dijo.
Rodríguez añadió que el Gobierno de Venezuela ofreció «opciones» para que el fiscal de la CPI pueda realizar la reunión de trabajo en otra nación que permita que el país caribeño pueda dar cumplimiento al acuerdo de entendimiento firmado.
