Caracas, 19 jul (EFE).- Con la tasa de embarazo adolescente más alta de Suramérica y una escasez «enorme» de anticonceptivos, en Venezuela las menores de bajos recursos se vuelven especialmente vulnerables al iniciarse sexualmente, según el representante en el país del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), Jorge González Caro.
En entrevista con Efe, el funcionario explica que, aparte de estos dos desafíos, existen brechas que afectan a las venezolanas como la disparidad salarial o el incremento de la violencia basada en género, lo que ponderó como los «grandes temas» del país, al menos desde el punto de vista de la organización que él lidera.
Asimismo, llamó la atención sobre la escasez de insumos anticonceptivos gratuitos en los centros de salud del país, una realidad que, dijo, afecta a la mayor parte del país que vive en pobreza y contraría el mandato constitucional de proveer «servicios de planificación familiar integral».
Sobre el informe del estado mundial de la población, promovido este mes por la Organización de Naciones Unidas (ONU), destacó que Venezuela tiene un ritmo de crecimiento «muy bueno», así como un «bono demográfico», pues casi el 70 % de sus ciudadanos está en edad de trabajar.
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
«El embarazo adolescente, decimos que es el principal problema de salud sexual y reproductiva que hay en Venezuela», asegura González al remarcar que, con una tasa de 96 casos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años, el país duplica el promedio de Latinoamérica.
La buena noticia, matiza, es la implementación de un plan con el que el UNFPA logró reducir en 87 % el embarazo adolescente en una localidad del estado Anzoátegui (este) y que ahora se está implementando como una política pública en los 11 municipios que registran la mayor incidencia de este problema.
En cambio, insistió el matemático, persiste una brecha «enorme» entre la demanda y la oferta de anticonceptivos gratuitos, «de más del 90 %», pese a los esfuerzos del Gobierno que ha recibido insumos de este tipo en los últimos años mediante acuerdos bilaterales con algunos países.
Entonces, mientras en las farmacias privadas se consiguen métodos anticonceptivos -una caja de tres condones cuesta lo mismo que una semana de trabajo para quienes perciben el salario mínimo-, el Estado no compra estos insumos en gran medida desde hace casi seis años y, en consecuencia, el grueso de la población que vive en pobreza extrema está desasistida.
BRECHA DE GÉNERO
Aunque Venezuela «tiene aspectos muy buenos en términos de paridad de género», como la asistencia total a la escuela por parte de mujeres o las posiciones de poder político que ocupan ellas, el índice de empoderamiento femenino flaquea en otras áreas.
«Las mujeres tienden a ganar menos que los hombres realizando el mismo trabajo (…) hay gente que habla de una diferencia cercana al 20 %, pero no es una cosa sobre la que se hayan hecho estudios», sostuvo.
Asimismo, las mujeres estudian mucho, «incluso más que los hombres», pero en los niveles de gerencia pública y privada «no alcanzan esas posiciones de liderazgo todavía».
Además, la crisis económica que ha vivido Venezuela en los últimos años sigue teniendo un impacto diferenciado en las mujeres, que emigran más que los hombres o, si se quedan en el país, están mayoritariamente condenadas al cuidado de niños o ancianos dejados atrás.
VIOLENCIA CONTRA ELLAS
«Hay una deuda muy grande (…) la violencia contra las mujeres (…) es uno de los grandes problemas que tiene Venezuela», advierte González Caro que, sin tener cifras propias, cita los datos de la ONG Utopix, según los cuales el país registra un feminicidio cada 36 horas.
Del mismo modo, el mayor foco de la respuesta humanitaria que ofrece el UNFPA en el territorio nacional busca mitigar y, en el mejor de los casos, erradicar los casos y riesgos de explotación y abuso sexual, especialmente para las mujeres en movilidad fronteriza.
Las mujeres que están migrando a países como Brasil o Trinidad y Tobago «tienen una enorme vulnerabilidad a ser captadas por grupos de tráfico de personas» y este riesgo es percibido por ellas, que lo ubican como el primer temor al cruzar una frontera, según un estudio cualitativo de esa agencia de Naciones Unidas.
Encima, el silencio oficial sobre indicadores que mostraban otras formas de violencia contra las mujeres no deja saber si, por ejemplo, la tasa de mortalidad materna -que en 2017 se ubicó en 125 por cada 100.000 nacidos vivos- ha seguido creciendo o se ha mantenido, en cuyo caso sería una de las tres más altas de Latinoamérica.
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