Madrid, 31 de enero de 2026 – Conciencia es Dignidad invita a leer y conocer el análisis jurídico y político efectuado por nuestro asesor, profesor Ramón Alfredo Aguilar Camero*, titulado «Venezuela: Trump, Tutelaje Constituyente y Transición«, en el cual advierte que, tras la extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026, el país ha ingresado en una fase transicional signada por el ejercicio de un «poder constituyente» por parte del gobierno de los Estados Unidos, el cual debe ser canalizado hacia la restitución democrática y no solamente hacia la estabilización económica.
La transición ya comenzó, pero es incierta. Contrario a las visiones de algunos sectores académicos, Aguilar Camero aclara que la transición es un proceso iniciado y no un fin en sí mismo. La designación de figuras interinas por parte del TSJ bajo calificativos no previstos en la Constitución (como «ausencia forzosa») y la administración directa de recursos venezolanos desde Washington, confirman que el orden constitucional de 1999 está siendo sustituido por una institucionalidad transitoria bajo «mando a distancia».
Desde su razonamiento, indica que no existe transición real mientras no se restituya el respeto a los derechos humanos y persista la persecución. “La liberación plena de los presos políticos no es un gesto humanitario; es una condición estructural de viabilidad”, afirma el informe. El cese de leyes represivas como la «Ley contra el Odio» y la promulgación de una Ley de Amnistía consensuada con las fuerzas democráticas son pasos urgentes para dotar de legitimidad interna a cualquier arreglo de gobernanza.
Asimismo, el análisis destaca la contradicción de pretender una recuperación económica manteniendo las estructuras originales del régimen que produjeron la crisis. Con Venezuela en los últimos lugares de libertad económica y transparencia global, advierte que inyectar dinero en una administración que aún mantiene el control militar y policial represivo (DGCIM, SEBIN y colectivos) es “girar la rueda de la corrupción”.
El documento examina el vertiginoso y complejo escenario político, institucional y jurídico que atraviesa Venezuela tras los eventos de enero de 2026. Ante la pregunta de si el país se encuentra realmente en una transición hacia la democracia, Aguilar advierte con contundencia:
“La transición venezolana no puede reducirse a una recuperación económica ni a la reactivación del sector petrolero sin anteponer la restauración del Estado de Derecho, la liberación de los presos políticos y la reconstrucción de las instituciones democráticas”.
Prioridad: Justicia antes que petróleo
El análisis sostiene que anticipar la estabilidad económica a una transición política real es un error insostenible que reproduce fallas del pasado. El punto de partida innegociable debe ser la liberación plena e inmediata de todos los presos políticos y el cese de la persecución judicial.
Por otra parte, Aguilar profundiza en la necesidad de un desarme civil efectivo, apuntando directamente a la neutralización de los «colectivos» y las milicias, la depuración de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el cierre inmediato de los centros de tortura manejados por la DGCIM y el SEBIN. Asimismo, destaca como imperativo la expulsión de «asesores» extranjeros provenientes de Cuba, Rusia, Irán, China y Corea del Norte.
Hacia un nuevo Contrato Social
Entre las propuestas más innovadoras del informe destacan:
La creación de un cogobierno transitorio, donde la oposición democrática participe en órganos que reorganicen y designen temporalmente el TSJ, CNE, la Fiscalía y las directivas de PDVSA y el BCV, hasta tanto se verifiquen nuevas elecciones libres y justas.
En cuanto a los activos en el exterior; la estrategia debe ser clara y precisa para la protección de CITGO, el manejo de la deuda soberana y la defensa del país en litigios internacionales, para lo cual invoca la aplicación o extensión de la Orden Ejecutiva No. 14373 del presidente Trump (del 9 de enero de 2026) e invita a ser coherentes con la política exterior de EE. UU manifestada desde 2020.
Por otra parte, es necesario promover el retorno de la diáspora: la inclusión de los 8.7 millones de venezolanos en el exterior como cimiento para la reconstrucción del país, junto al retorno de los líderes de las fuerzas democráticas en el exilio.
También sería significativo emprender una reforma laboral y social, considerando una reestructuración profunda del sistema para devolverle la dignidad al trabajador venezolano.
Ilegitimidad del parlamento actual
Finalmente, Aguilar critica los proyectos de ley actualmente en discusión en la asamblea oficialista, por carecer de legitimidad de origen, resaltando que solo un gobierno legítimo y con respaldo internacional podrá gestionar con éxito la reestructuración de la deuda y la rehabilitación económica definitiva de Venezuela.
Conciencia es Dignidad hace un llamado a la administración de Donald Trump y a los actores internacionales para que prioricen el cambio institucional y el respeto a la soberanía popular expresada en las elecciones de julio de 2024. Sin justicia independiente y sin el desmantelamiento del aparato de opresión, cualquier inversión extranjera será, en palabras del autor, “una mala copia de la película que causó la crisis humanitaria”.
Descargue el documento completo aquí: https://concienciaesdignidad.org/la-transicion-venezolana-como-cuando-con-quienes-y-hacia-donde-se-dirige-el-proceso/
* Sobre el autor: Ramón A. Aguilar Camero es abogado acreditado en Venezuela y Colombia, especialista en Derecho Procesal (UCV) y Laboral (UCAB), Magister en Arbitraje Internacional (UNIR – España) y doctorando en Derecho (UCV). Es experto en litigios internacionales y profesor de pre y postgrado en la Universidad Central de Venezuela. Actualmente reside en España.
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