Caracas, 9 may (EFE).- Un grupo de activistas y familiares de presos políticos en Venezuela pidieron este viernes a la Unión Europea (UE) su intermediación ante el Gobierno de Nicolás Maduro para conseguir la libertad de esas personas, entre ellas, casi una treintena con nacionalidades europeas y ciudadanos propiamente de ese continente.
La Delegación de la UE en Caracas fue la última parada de la llamada ‘Ruta Global por la Justicia y la Libertad’ que, durante esta semana, incluyó también las embajadas de Colombia, México, Brasil y Japón, con el fin de «denunciar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y solicitar solidaridad internacional y apoyo diplomático».
«Justicia, justicia y solidaridad, diplomacia activa por la libertad», corearon los participantes, quienes mostraron fotografías y carteles con los nombres de algunas de las casi 900 personas que, según organizaciones no gubernamentales, están detenidas por motivos políticos en Venezuela.
De esos detenidos, 12 tienen nacionalidad española, 8 italiana, 3 portuguesa, una de Alemania, una de Ucrania, una de República Checa, una de Países Bajos, una de Francia y una de Hungría, indicó el grupo.
Sairam Rivas, pareja del exconcejal Jesús Armas -detenido en diciembre-, agradeció a la UE por «toda la solidaridad».
La activista de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) -que organizó esta ruta por las sedes diplomáticas- explicó que solicitan al bloque comunitario su «intermediación ante el Estado venezolano para buscar una solución a la grave crisis de derechos humanos» en la nación caribeña, en vista de que no han «recibido nunca respuesta» por parte de las instituciones estatales, donde, además, «se niegan» a recibir documentos.
Rivas también hizo un llamado a «todos los eurodiputados» a intermediar ante el Estado venezolano y pidió, en nombre del Clipp, la creación de un «espacio de encuentro entre los familiares de los presos políticos y los representantes de las instituciones del Estado», que cuente con el acompañamiento de la ONU y de las embajadas que visitaron durante la ruta.
Por su parte, Andreína Baduel, hija del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel -quien murió en 2021 en la cárcel, tras 12 años detenido-, agradeció a las representaciones internacionales que visitaron esta semana, las cuales, aseguró, «se comprometieron» a ayudarlos mediante «los canales diplomáticos que tengan a su alcance».
La también hermana de Josnars Adolfo Baduel -detenido desde 2020- denunció que hay un «hostigamiento y persecución» contra «los distintos miembros» del Clipp.
Además, la joven adelantó que pronto anunciarán una actividad en distintas iglesias, en busca de «salidas humanitarias a esta grave crisis de derechos humanos».
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La Administración del presidente Nicolás Maduro, quien juró en enero pasado para un tercer mandato tras su cuestionada reelección, asegura que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles».
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