Caracas, 15 abr (EFE).- Varias ONG venezolanas enviaron este jueves una carta a la Defensoría del Pueblo en la que le exigen garantías para el trabajo humanitario y de derechos humanos, informó la organización Espacio Público, promotora de la iniciativa.
«Queremos hacer de su conocimiento nuestro rechazo contra la persecución a organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, personas defensoras de derechos humanos y contra quienes ejercen legítimamente su derecho a la libre asociación en Venezuela para atender a grupos vulnerables en medio de una emergencia humanitaria compleja», recoge la misiva.
En la misma, afirman que el Estado «no cumple con sus obligaciones de protección y garantía de derechos básicos como la salud, la alimentación, y el acceso a la justicia» y, sin embargo, «persigue a las organizaciones y defensores de derechos humanos».
También aseguran que «se criminaliza el financiamiento extranjero», pese a que este es «parte del derecho humano a la asociación protegido por los pactos y tratados internacionales a los que está sujeta la Constitución».
En la carta recuerdan que, en el 2020, las organizaciones recogieron más de 300 hechos «que comprometieron la integridad y el trabajo de defensores de derechos humanos».
DENUNCIAN SEÑALAMIENTOS EN MEDIOS PÚBLICOS
Generalmente, prosigue la carta, estos hechos comienzan con «señalamientos en medios públicos o dirigidos por el Gobierno», continúan «con declaraciones de altos funcionarios» y «se concretan con campañas de descrédito o acciones de las fuerzas de orden público contra quienes ofrecen asistencia o ayuda humanitaria en el país».
En el 2021, recuerdan que dos organizaciones fueron víctimas de allanamientos en sus sedes, «limitando el trabajo de entrega de medicinas y artículos de salud a personas de bajos recursos».
Solo en enero, las organizaciones «registraron casi 100 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos».
La misiva dirigida al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, le recuerda que el pasado 12 de enero fueron detenidos cinco trabajadores humanitarios de la ONG Azul Positivo, una organización que apoya a personas con VIH y otros grupos vulnerables en regiones remotas del noroccidental estado Zulia (fronterizo con Colombia).
Los activistas fueron excarcelados un mes después con medidas cautelares, lo que, a su juicio, es una «muestra de la acción estatal contra quienes ayudan a otros, documentan violaciones de los derechos humanos en Venezuela y transmiten la información a los sistemas internacionales de protección».
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Frente a esta situación, le piden a Ruiz que rechace públicamente «la persecución contra organizaciones de la sociedad civil, no gubernamentales, y personas que defienden los derechos humanos», así como las declaraciones de funcionarios del Gobierno «y campañas de medios públicos que desprestigian a las ONG venezolanas».
Finalmente, le exigen que rechace también «el uso de medidas judiciales y administrativas para amenazar, limitar y afectar la labor humanitaria de personas defensoras de derechos humanos».
También le piden que abogue por el respeto del derecho a la asociación en Venezuela y «el respeto y reconocimiento del financiamiento internacional como mecanismo legítimo para organizaciones de la sociedad civil».
