Caracas, 15 abr (EFE).- Varias ONG venezolanas enviaron este jueves una carta a la Defensoría del Pueblo en la que le exigen garantías para el trabajo humanitario y de derechos humanos, informó la organización Espacio Público, promotora de la iniciativa.
«Queremos hacer de su conocimiento nuestro rechazo contra la persecución a organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, personas defensoras de derechos humanos y contra quienes ejercen legítimamente su derecho a la libre asociación en Venezuela para atender a grupos vulnerables en medio de una emergencia humanitaria compleja», recoge la misiva.
En la misma, afirman que el Estado «no cumple con sus obligaciones de protección y garantía de derechos básicos como la salud, la alimentación, y el acceso a la justicia» y, sin embargo, «persigue a las organizaciones y defensores de derechos humanos».
También aseguran que «se criminaliza el financiamiento extranjero», pese a que este es «parte del derecho humano a la asociación protegido por los pactos y tratados internacionales a los que está sujeta la Constitución».
En la carta recuerdan que, en el 2020, las organizaciones recogieron más de 300 hechos «que comprometieron la integridad y el trabajo de defensores de derechos humanos».
DENUNCIAN SEÑALAMIENTOS EN MEDIOS PÚBLICOS
Generalmente, prosigue la carta, estos hechos comienzan con «señalamientos en medios públicos o dirigidos por el Gobierno», continúan «con declaraciones de altos funcionarios» y «se concretan con campañas de descrédito o acciones de las fuerzas de orden público contra quienes ofrecen asistencia o ayuda humanitaria en el país».
En el 2021, recuerdan que dos organizaciones fueron víctimas de allanamientos en sus sedes, «limitando el trabajo de entrega de medicinas y artículos de salud a personas de bajos recursos».
Solo en enero, las organizaciones «registraron casi 100 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos».
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La misiva dirigida al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, le recuerda que el pasado 12 de enero fueron detenidos cinco trabajadores humanitarios de la ONG Azul Positivo, una organización que apoya a personas con VIH y otros grupos vulnerables en regiones remotas del noroccidental estado Zulia (fronterizo con Colombia).
Los activistas fueron excarcelados un mes después con medidas cautelares, lo que, a su juicio, es una «muestra de la acción estatal contra quienes ayudan a otros, documentan violaciones de los derechos humanos en Venezuela y transmiten la información a los sistemas internacionales de protección».
Frente a esta situación, le piden a Ruiz que rechace públicamente «la persecución contra organizaciones de la sociedad civil, no gubernamentales, y personas que defienden los derechos humanos», así como las declaraciones de funcionarios del Gobierno «y campañas de medios públicos que desprestigian a las ONG venezolanas».
Finalmente, le exigen que rechace también «el uso de medidas judiciales y administrativas para amenazar, limitar y afectar la labor humanitaria de personas defensoras de derechos humanos».
También le piden que abogue por el respeto del derecho a la asociación en Venezuela y «el respeto y reconocimiento del financiamiento internacional como mecanismo legítimo para organizaciones de la sociedad civil».
