Caracas, 5 ago (EFE).- ONG de Venezuela cuestionaron este sábado la intervención y reestructuración de la Cruz Roja nacional ordenada ayer por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una semana después de que la Fiscalía abriera una investigación sobre el «presunto acoso y maltrato» cometido contra voluntarios y trabajadores de la organización por parte de su presidente, Mario Villaroel.
Las organizaciones no gubernamentales coincidieron en que esta decisión crea un «grave precedente» para el derecho a la libertad de asociación en el país.
El director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, aseguró que genera «grave preocupación» que la decisión se fundamente en «presunciones basadas en denuncias y testimonios de personas no identificadas en la demanda, lo que hace que los hechos que se describen sean también presuntos».
«El hecho de que directivos de la Cruz Roja (venezolana) hayan, presuntamente, cometido delitos, que, de probarse, esperamos sean juzgados por ellos, no justifica una medida tan invasiva y peligrosa para un derecho humano esencial como lo es la libertad de asociación, pues, de ser el caso, lo que aplicaba era la convocatoria a una elección para tener nuevas autoridades», dijo.
A su juicio, lo «delicado» de la reestructuración, de la que se encargará el expresidente de Fedecámaras, la mayor patronal del país, Ricardo Cusanno, es que se va a hacer «sin la participación de los miembros» de la organización y por «una junta impuesta por el Estado, violentando lo que debe ser la voluntad de los que constituyen dicha asociación».
Esto, agregó, «generaría un guion para intervenir ONG no solo cambiando las directivas, sino reestructurando las organizaciones e incorporando miembros ajenos a estas para luego controlarlas».
La ONG Fundaredes afirmó que la judicialización de la Cruz Roja venezolana representa un incremento del «constante riesgo» de las organizaciones de la sociedad civil «al estar expuestas a intervenciones arbitrarias que socavan su derecho de autogestionarse y autoregularse».
«Alertamos que esta acción forma parte de la receta seguida por otros regímenes autoritarios como Nicaragua, en donde la Cruz Roja, en mayo de 2023, también pasó a ser controlada por el Gobierno de Daniel Ortega», señaló Fundaredes.
Por su parte, el coordinador general de la ONG Provea, Rafael Uzcátegui, expresó, a través de Twitter, que mientras en «una democracia existe un ‘debido proceso’ en el que cualquier sospecha de delito amerita el inicio de una investigación, con un procedimiento judicial en el que el acusado tiene el derecho a la defensa, en las dictaduras hay ‘intervenciones’ exprés».
Además, cuestionó que el Supremo nombrara «a un empresario y no a una persona con experiencia humanitaria».
La sentencia establece la «constitución de una junta reestructuradora ad hoc presidida» por Cusanno, quien deberá «coordinar», en los próximos siete días hábiles, la «designación de los miembros que integrarán» esta junta.
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