San Agustín de Puñaca (Bolivia), 21 nov (EFE).- «Es seguro que vamos a morir», se lamentó Miguel Machaca, al conocer que en su sangre hay arsénico por consumir agua contaminada. Una comunidad en Bolivia culpa a la minería por la contaminación, por esto decidieron luchar en los tribunales, y así detener el daño ambiental que los intoxica.
En el ayllu San Agustín de Puñaca, en el departamento altiplánico de Oruro, viven unas 400 familias, la mayoría se dedican a la ganadería o a la agricultura, como Miguel, y en los últimos años sus integrantes han sentido dolores en el cuerpo, mareos y hasta adormecimiento que atribuyen al agua contaminada que consumen de los ríos cercanos.
Desesperados los comunitarios acudieron al laboratorio Cetox de Perú, en coordinación con el Centro de Salud Poopó y el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (Cenda), para tomar muestras de sangre y orina en busca de metales pesados.
Miguel es uno de los 20 pobladores a los que le sacaron las muestras en septiembre y sus resultados señalan que tiene arsénico en un nivel «elevado» en la sangre, el 100 % de las pruebas presentaron concentraciones de arsénico que van entre los 17,6 y 215,64 microgramos por litro cuando el límite referido por la Unión Europea (UE) es 15 microgramos.
Estas concentraciones «son 10 a 15 veces más altas» del límite establecido por la UE, lo cual es una «amenaza a la salud pública», ya que también encontraron en cuatro personas la presencia de plomo en la sangre y en dos cadmio, explicó a EFE el encargado de investigación en Cenda, Luis Vildoso.
La Organización Mundial de la Salud clasifica al arsénico y al cadmio como cancerígenos y al plomo como posible cancerígeno.
«Es seguro que vamos a morir con esta contaminación, ya mucho ha avanzado, nos duele mucho, nos amarga a veces, qué vamos a hacer, seguro nos espera la muerte junto con nuestro ganado que va muriendo también», dijo a EFE Miguel.
Intoxicados
La población se abastece de agua de los ríos, como el Desaguadero que actualmente está seco, pero que en él fluye la «copajira» o aguas servidas con residuos químicos o metales pesados que vierten las cooperativas mineras cercanas. Este líquido es utilizado por los comunitarios para dar de beber a sus animales o para su propio consumo, saben que el agua está contaminada, pero dicen no tener otra opción.
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En algunos lugares el agua llega con una tonalidad naranja por los metales pesados y de sabor «picante», comentó a EFE Benita Lima de 73 años quien camina con dificultad, tiene dolor de espalda, en los riñones, y constantemente en la cabeza.
Cornelia Ramírez, de 54 años, va todos los días a un pozo con agua color marrón y con salinidad, este líquido lo usa para dar de beber a sus animales para que no mueran de sed, sin embargo terminan muriendo por la contaminación, comentó la mujer.
A Cornelia también le detectaron arsénico en la sangre y sufre de dolores de cabeza, vómitos y a veces ve borroso, por lo que pide que algún doctor la revise para saber si su salud ya está muy deteriorada, confesó que tiene miedo a morir.
«No coman los riñones ni las vísceras de los animales porque pueden estar contaminadas», «hiervan el agua que van a consumir», «coman alimentos hervidos y preferiblemente verduras», son algunos de los consejos de los doctores, pero ¿qué agua? cuestionan los pobladores que también son golpeados por la sequía que atraviesa Bolivia.
Neysa Lima, la encargada de nutrición del centro de salud Poopó, contó a EFE que cada vez hay más casos de niños «con talla baja», es decir que no alcanzan la estatura promedio, y que esto está ligado a la desnutrición. Aunque no está demostrado el vínculo con la contaminación del agua, la desnutrición infantil es otro mal que afecta a la comunidad.
A esto se suma la migración de jóvenes que se van de la población a otros lugares del país o cruzan las fronteras hacia Argentina o Chile. Esto deja a la comunidad con una población mayor resignada a la muerte.
Los pobladores piden atención de salud especializada para los «contaminados», agua segura y forraje para sus animales, además que se tomen acciones para una «minería responsable», comentó a EFE la autoridad originaria del ayllu, Prudencio Poma.
Lucha legal
En 2021, el ayllu presentó una acción popular al Tribunal Departamental de Justicia de Oruro que inicialmente fue rechazada, pero apelaron y lograron una orden de la sala constitucional del Tribunal de Justicia a las autoridades bolivianas a realizar un estudio de la calidad del agua para determinar si es apta para su consumo, explicó a EFE el abogado Teodoro Blanco.
Ese estudio realizado en siete puntos señala que las aguas «necesitan tratamiento para su potabilización» pero que «no existe contaminación externa producida por el hombre», lo cual fue rechazado por los pobladores y presentaron un recurso de queja al Tribunal Constitucional Plurinacional donde añadieron los resultados «contundentes» del laboratorio para evidenciar la contaminación y están a la espera de su pronunciamiento.
Yolanda Salazar
