El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) señala que para garantizar los derechos educativos de los estudiantes y los derechos laborales de profesores y trabajadores universitarios del sector público, el Estado debe garantizar, al menos, lo siguiente: infraestructuras adecuadas para el desarrollo de actividades académicas, servicios básicos, implementos de estudio, transporte, atención médica, seguridad y salarios justos.
Estas condiciones, indispensables para el reinicio de clases presenciales, se podrían cumplir con presupuestos acordes, que en el caso de Venezuela no lo son desde hace al menos 16 años, cuando el gobierno de Hugo Chávez comenzó a reducir partidas presupuestarias al sector universitario.
Espacios universitarios desmantelados
Solo durante la pandemia por la COVID-19, entre marzo de 2020 y agosto de 2021, el ODH-ULA ha contabilizado 347 actos de vandalismo en espacios de 16 universidades públicas del país, que incluyen robos, hurtos, invasiones y destrucción. Además, debido a la asfixia presupuestaria, la falta de mantenimiento de espacios ha causado su progresivo deterioro, llevando a la inhabilitación de algunos por no ser aptos para la salud humana.
El desmantelamiento de las universidades públicas del país ha implicado la disminución de implementos de estudio básicos para el desarrollo de clases teóricas y prácticas, los cuales no han podido reponerse por falta de presupuesto. Laboratorios, bibliotecas, auditorios y aulas de clase que se mantienen habilitados no cuentan con los recursos materiales mínimos necesarios para profesores y estudiantes. Antes de la pandemia ya eran insuficientes y debían ser adquiridos o donados por la propia comunidad universitaria.
Fallas en servicios básicos
Los servicios básicos son, como su nombre lo indica, indispensables. Las universidades públicas venezolanas no cuentan adecuadamente con estos por falta de presupuesto para pagar facturas, por la delincuencia y por las fallas que los mismos presentan. Solo en la Universidad de Carabobo (UC), en ninguna de las facultades de su Núcleo central hay servicio de agua desde hace cuatro años. En la ULA, la mayoría de los baños están deteriorados por robo de piezas, situación que se repite en todas las universidades autónomas.
En cuanto al servicio eléctrico, sus constantes fallas y el hurto de bombillos, cables y otras piezas han afectado el funcionamiento de equipos en las universidades. Las deficiencias de los servicios de telecomunicaciones y la obsolescencia de equipos y sistemas de tecnología también limita la realización de clases presenciales donde estos recursos son necesarios.
En lo que va de pandemia, la Dirección de Telecomunicaciones y Servicios de la Universidad de Los Andes (DTES-ULA) ha reportado más de una veintena de averías en equipos por fluctuaciones de voltaje y apagones. “Estimados usuarios, al final de la tarde de ayer luego de fluctuaciones del servicio eléctrico nuestro servicio de DNS quedó inaccesible. En la mañana de hoy se acudió a sitio para restablecer el servicio. Otra batería de nuestros UPS se dañó durante la falla eléctrica”, reportó en Twitter esta dependencia el pasado 21 de agosto.
Por su parte, el transporte tampoco está garantizado para que estudiantes, profesores y trabajadores se trasladen a las universidades para asistir a clases presenciales. Las rutas estudiantiles están casi extintas por el mal estado de las pocas unidades de transporte que siguen en funcionamiento. No hay presupuesto para repuestos ni el régimen ha informado cómo sería el abastecimiento de combustible a las mismas en el contexto de la escasez de gasolina y gasoil que hay en el país.
El transporte público también es limitado en todo el país y el costo de un pasaje urbano es inaccesible para alumnos, docentes y trabajadores, debido a la precariedad de las becas estudiantiles y de los sueldos universitarios.
Atención médica y seguridad casi inexistentes
Contar con atención médica, más aún en un contexto de pandemia, es indispensable para el reinicio de clases presenciales. Los servicios sanitarios de las universidades públicas del país están prácticamente inhabilitados, por no contar con los recursos mínimos de atención. El pasado 1° de septiembre se realizó una asamblea en el Centro de Atención Médica Integral de la Universidad de Los Andes (Camiula), donde se dio a conocer el estado de asfixia en el que se encuentra esta dependencia.
Adán Colina, director de Camiula, aseguró en dicha asamblea que ese centro de salud no tiene capacidad hospitalaria para atender pacientes con COVID-19 porque no cuentan con una zona de aislamiento y carecen de suministros médicos básicos. Además, debido a la falta de presupuesto, la infraestructura donde funciona Camiula está deteriorada. En esta dependencia no pueden garantizar siquiera la limpieza e higiene de todas las instalaciones, situación que se repite en todos los espacios universitarios.
En cuanto a la seguridad, la cantidad de robos y hurtos cometidos en las universidades dan cuenta de la falta de la misma. Los irrisorios salarios impiden la contratación de personal de vigilancia, que ha renunciado masivamente y cuya seguridad propia está en riesgo en el cumplimiento de sus funciones por no contar con implementos básicos para hacer su trabajo.
Salarios indignos
Además de todo lo expuesto, los sueldos de los trabajadores universitarios constituyen el principal factor de rechazo al reinicio de clases presenciales. El mayor salario que recibe un profesor universitario ronda al cambio apenas 10 dólares mensuales. Aunado a ello, la IV Convención Colectiva Única del sector universitario (IV CCU), de cuya discusión se excluyó a la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) y otras asociaciones de profesores y sindicatos de trabajadores universitarios, viola derechos laborales y derechos humanos.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en vigor desde el 3 de enero de 1976 y que Venezuela firmó, establece los derechos educativos y laborales como derechos humanos de segundo orden, y detalla las condiciones indispensables para el goce de los mismos. En las actuales circunstancias, el Estado venezolano no garantiza el cumplimiento de estos derechos para un efectivo reinicio de clases presenciales. Por ello, el ODH-ULA exhorta a las autoridades competentes a velar por la garantía de los mismos antes de comenzar actividades académicas en las instituciones educativas.
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