Por Francesca Díaz / Correo del Caroní
El movimiento laboral Unidad en la Coincidencia, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Siderúrgica Nacional (Sidernac) y el sindicato de la Briquetera de Venezuela (Briqven) rechazan la creación de la llamada Constituyente Laboral anunciada por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, con el propósito de modificar las normativas laborales vigentes.
En rueda de prensa, el secretario general de Sidernac, Alejandro Álvarez, calificó la consulta gubernamental hecha a modo de encuesta y presentada a través del Sistema Patria como un instrumento para despojar a los trabajadores de la retroactividad de sus prestaciones sociales.
En contexto, los trabajadores aseguran que esta modificación de la ley busca cambiar ciertos artículos de la Ley del Trabajo y erradicar beneficios -entre ellos las prestaciones sociales- para aminorar los gastos correspondientes a seguridad social del trabajador.
Esto intentaría dar respuesta a una fracción del sector comercial que asegura no es posible aumentar el salario mínimo sin “asfixiar” al empresario, toda vez que se dispararía el costo de todas las obligaciones contenidas en esta normativa.
El bloque sindical sostuvo que no existen auditorías ni cifras oficiales transparentes que demuestren que el régimen de prestaciones vigente haya causado la quiebra de compañías, señalando en cambio que la crisis económica que viven los trabajadores es resultado de la gestión estatal y la implementación del memorándum 2792 y el instructivo Onapre.
Estas normativas, vigentes desde 2018, han permitido el aplanamiento de las escalas salariales y la suspensión de beneficios contractuales, generando un estado de precariedad que ha impulsado la diáspora masiva de personal calificado hacia el exterior.
“No creemos en esa encuesta. Creemos que es para despojarnos aún más de los beneficios. Recordemos que en el año 2014 la señora Delcy Rodríguez se vio involucrada en un fraude contra los trabajadores sidoristas. Desde Macagua ella anunció la firma de un contrato colectivo y eso fue mentira. Posteriormente, en el año 2017, Nicolás Maduro también firmó un supuesto nuevo contrato que fue mentira. El último contrato de Sidor es del 2008”, zanjó el dirigente.
Según lo relatado, el último contrato colectivo legítimamente firmado en la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor) data de 2008 y venció formalmente en 2010, lo que implica un vacío legal de 16 años donde el Estado ha ignorado el derecho a la negociación.
“Quieren extorsionar a los trabajadores”
La representación señaló la existencia de «articuladores políticos» dentro del propio sector sindical y empresarial que actúan en connivencia con organizaciones como la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) para imposibilitar aumentos salariales atribuyéndolo a la “camisa de fuerza” que representa la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt).
Álvarez denunció que estos grupos difunden opiniones técnicas sin respaldo contable para confundir a los trabajadores, intentando convencer de que es “impagable” para el Estado cancelar todos los pasivos laborales que tiene con los trabajadores públicos.
“Ellos pretenden convencer a los trabajadores de que, para poder recibir un aumento digno y real, lo cual es nuestro derecho, entonces tenemos que renunciar a otro derecho que es el pago del retroactivo de las prestaciones sociales. Eso es un chantaje. Nos están extorsionando. No hay en Venezuela un estudio que demuestre que por el actual régimen de prestaciones sociales haya una empresa que haya quebrado”.
Asimismo, afirmó que la crisis es producto de las decisiones que ha tomado el sector empresarial afianzado en las políticas públicas que ha implementado el Gobierno de la nación. “No pretendan que nosotros, las victimas tengamos que indemnizarlos a ellos que son los que han vulnerado las leyes”, subrayó.
Exigen que los ingresos petroleros sean invertidos en lo social y salarial
De tal manera, los representantes exigieron un aumento salarial, un aumento de las pensiones y las jubilaciones y el reconocimiento de las convenciones colectivas. Asimismo, solicitaron que la recaudación proveniente de la producción petrolera sea invertida en lo social y salarial.
Esto último teniendo como punto de partida la experiencia de países de la región como Brasil, donde el fortalecimiento del salario mínimo y el poder adquisitivo ha funcionado como el motor principal para reactivar el consumo interno y, por consecuencia, la producción industrial nacional.
“¿Dónde están las riquezas que ellos han generado en los últimos cuatro años con una mano de obra prácticamente regalada? Donde el trabajador está en pobreza. Ellos han dejado de cumplir con el artículo 143 de la ley del trabajo que los obliga a hacer el depósito trimestral de las prestaciones sociales. No lo han hecho. Violan la ley como les da la gana y pretenden que seamos nosotros los que paguemos”, indicó el vocero.
A modo de cierre, Álvarez aseguró que la reconciliación que el Estado pretende alcanzar pasa necesariamente por el reconocimiento de la deuda social acumulada y el respeto irrestricto a la autonomía sindical sin injerencia del gobierno.
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