Caracas, 17 jun (EFE).- Al menos 19 reservas de medios silvestres o áreas protegidas de Venezuela han sido objeto de «ocupaciones ilegales y de explotaciones irregulares», afirmó este viernes el presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios (CEA), Edison Arciniegas, en una conferencia de prensa.
«En este momento, al menos 19 reservas de medios silvestres o áreas protegidas, son objeto de ocupaciones ilegales y de explotaciones irregulares (…) el 80 % de los conflictos de tierras en Venezuela tienen acciones contra reservas forestales, hay un componente de explotación irregular de la madera en el 80 % de los conflictos de tierras», explicó.
Arciniegas postilló que ante la crisis de cambio climático, la protección, conservación y preservación de las áreas protegidas es una «prioridad» para poder seguir teniendo agua.
«Hay aproximadamente 9.000 metros cúbicos de madera afectados en los últimos seis meses por la acción de grupos irregulares de ocupación, saqueo y de reventa de tierras, que nosotros no dudamos en calificar de mafias y que entendemos que el Estado venezolano tiene suficientemente identificado, pero lamentablemente el Estado no pasa del diagnóstico a la acción de forma suficiente», indicó.
Ante esta situación, exhortó a los cuerpos de seguridad a realizar las investigaciones pertinentes, ya que consideró que no se trata de «la acción de simples campesinos, el tráfico de madera no es la acción de un campesino sin tierra».
Asimismo, señaló que esta situación se ha reportado en los estados Barinas, Falcón, Mérida y Zulia.
«Hay grupos organizados detrás de esto, esos grupos deben sentir la mano larga y pesada del Estado», subrayó.
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El sociólogo y especialista en seguridad alimentaria indicó que en los primeros seis meses de este año, las autoridades solo han resuelto un caso de ocupación de tierras de manera irregular.
«También podemos reportar que van 38 casos conflictivos activos (…) sin respuesta efectiva por parte del Estado venezolano, que hay continuidad de los conflictos, de las ocupaciones irregulares de tierras en los estados Mérida, Zulia y Barinas, con más virulencia que en enero y que estos conflictos se están expandiendo a los estados Lara, Yaracuy y Falcón», afirmó.
Arciniegas pidió un despliegue policial con «patrullaje suficiente» que desincentive la acción de «grupos irregulares» que atentan contra las unidades de producción.
«Este país tiene capacidad de producir alimentos para entre 100 y 120 millones de personas y está produciendo en este momento (…) alimentos para 10 millones de personas», lo que «desincentiva las inversiones en el campo», apuntó.
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