Caracas, (EFE).- Los casos de desnutrición y tuberculosis han aumentado dentro de los calabozos de Venezuela en medio de la pandemia por la COVID-19, según un informe publicado este miércoles por la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, que defiende a la población reclusa.
«Se constató un incremento importante en el número de privados de libertad con cuadros severos de desnutrición y un aumento en el número de casos de tuberculosis en los calabozos policiales», dice el informe que fue elaborado entre mayo y septiembre con datos de 60 calabozos de Caracas y de sus vecinos estados de La Guaira y Miranda.
El escrito señala que, debido al confinamiento que rige desde marzo, cuando se detectaron los primeros casos de coronavirus en el país, se ha limitado la atención médica a los reclusos y este contexto «también ha impedido tener información detallada y actualizada sobre el número de personas detenidas con VIH».
Sin embargo, la ONG contabilizó 558 casos de privados de libertad que padecen de desnutrición, 183 tienen tuberculosis, 10 son portadores del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y las autoridades han confirmado cuatro casos de reclusos que dieron positivo por coronavirus.
Además, durante esos cinco meses, fallecieron 14 internos, de los cuales 8 murieron por tuberculosis, dos por paro respiratorio, uno murió de un infarto, dos por problemas coronarios y uno por fractura craneal, siempre según el informe de Una Ventana a la Libertad.
RADIOGRAFÍA DE LOS CALABOZOS
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Según la ONG, el estudio se realizó de manera exhaustiva en 60 centros de detención preventiva, donde mantienen bajo custodia a personas que no han sido sentenciadas, 55 de los cuales están dirigidos por autoridades civiles y otros cinco por efectivos militares.
Estos 60 centros suman una capacidad estimada para albergar a 2.180 personas pero tienen una población de 5.218, entre ellos 69 menores de edad, lo que implica un hacinamiento de 239,40 %.
El informe revela que el 73 % de los centros de detención no cuentan con baños para los privados de libertad, el 35 % no tienen servicio de agua potable y el 92 % no cuenta con servicio médico para asistir a los reclusos.
«Solo en 6 de los 60 centros de detención preventiva se ofrece atención y control médico para las privadas de libertad en estado de gestación», señala el informe.
