Caracas, 22 dic (EFE).- Un total de 33 personas y organizaciones que defienden derechos humanos en Venezuela fueron atacadas durante noviembre, según un informe publicado este martes por el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
«Se agudizan las acciones represivas con el fin de obstaculizar el trabajo de las organizaciones y de defensores, quienes son calificados por el Estado como enemigos internos», dice el escrito en el que se explica que 27 de estos ataques estuvieron dirigidos contra las organizaciones y 6 contra personas defensoras de derechos.
Entre los incidentes de seguridad documentados en noviembre destacan 19 actos de «estigmatización», un ataque que es emprendido principalmente a través de medios de comunicación del Estado, que sirven al Gobierno de Nicolás Maduro.
El más férreo detractor de las organizaciones no gubernamentales, según el informe, es el diputado electo Diosdado Cabello, quien cada semana lanza críticas y amenazas a estos espacios, al argumentar que son financiadas por la Administración estadounidense para atacar a la llamada revolución bolivariana.
Cabello, primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV), ha advertido que la nueva mayoría oficialista que se instalará en el Parlamento a partir de enero próximo tiene la «tarea pendiente» de aprobar una «ley severa para las ONG» con el fin de regular la cooperación internacional.
«El instrumento contemplaría la prohibición de la entrega de recursos a organizaciones de derechos humanos en el país», dice el CDJ.
Las otras formas de ataque contabilizadas fueron 4 amenazas, 5 actos de intimidación, un par de detenciones arbitrarias y allanamientos, y un ataque digital.
El informe señala como presuntos responsables de estos hechos a funcionarios que ocupan distintas posiciones de poder en las instituciones del Estado y que pregonan discursos que incentivan «la criminalización y los ataques contra las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos».
Específicamente, prosigue el texto, los ataques fueron cometidos en un 40 % por medios de comunicación gubernamentales, mientras que un 12 % provienen de instituciones públicas, 15 % de organismos de seguridad, 15 % de funcionarios públicos y un 18 % de «otros».
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Estas agresiones «evidencian el afianzamiento de la política de criminalización en contra de quienes exigen y defienden derechos y contra aquellos que realizan acciones humanitarias» en Venezuela.
El CDJ acusa al Estado venezolano de profundizar «el control social y el autoritarismo», especialmente desde marzo pasado, cuando se detectaron los primeros casos de coronavirus en el país y el Gobierno aprobó un estado de alarma que sigue vigente.
«Defender y exigir derechos humanos en Venezuela y acompañar a las víctimas de los abusos del Estado en sus procesos de búsqueda de verdad, justicia, reparación es una labor de alto riesgo», añade el Centro.
Según la misma organización, al menos 109 personas y organizaciones que defienden los derechos humanos en Venezuela fueron atacadas en el primer semestre de 2020.
