Isaías Márquez
Muy paradójica y dispar ante la realidad migrante (diáspora) venezolana la cifras del registro electoral (RE) que ha presentado el CNE en su gaceta, cuando sabemos que de unos 21, 6 millones de venezolanos que estarían habilitados para votar el 28/7 venidero, de los que por lo menos unos 21, 3 residen en el territorio nacional, que incluye a unos 230 mil extranjeros; no obstante, pareciera obviar intencionadamente, que unos ocho millones se hallan dispersos (desplazados) por el mundo, a causa del empeoramiento de las condiciones de vida; cifra que, según la ONU, se ha igualado a la de ucranianos y supera a la de Siria. Y, curiosamente, ese organismo refiere que poco menos de unos 70 mil nacionales se ha inscrito en embajadas del exterior, aparte de que casi de unos tres millones de jóvenes por endebleces del RE no estarán en dicho registro.
Más aún, tales cifras se hacen inciertas si consideramos que durante abril pasado cerró el plazo de inscripción para las presidenciales, luego de unos 29 días cuando hubo incontables denuncias o quejas y hasta protestas sobre retrasos en la apertura y procesos de registros en el exterior. Situación a lo que se ha añadido el retiro de invitación como observadores a la Unión Europea; aberración aún a tiempo de rectificarse que, aunque su presencia no garantice la transparencia plena de los comicios, constituiría un asidero accesorio ante otras dudas que pudiesen surgir y que desde luego surgirán, por irregularidades durante el proceso comicial puesto que también podría avalar una solicitud de auditoría electoral que aclare con certeza, toda observación o reclamo formal puesto que por la designación arbitraria de sus directivos, se trata de un organismo público que, a su albedrío, controla inescrupulosamente, el Ejecutivo.
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