Quito, 22 nov (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cumple este sábado su primer año de mandato, un periodo marcado por múltiples crisis: la de violencia del crimen organizado, contra la que declaró el «conflicto armado interno»; la crisis económica, para la que adoptó medidas impopulares; la crisis externa, abierta con México tras asaltar su embajada; la crisis interna; al enfrentarse a su vicepresidenta Verónica Abad; y la crisis energética, con apagones de hasta catorce horas al día.
Con apenas 35 años, Noboa, hijo del magnate del sector bananero y cinco veces candidato presidencial Álvaro Noboa, se convirtió el 23 de noviembre de 2023 en el presidente más joven de Latinoamérica y de la historia democrática de Ecuador. Su mandato se ha caracterizado por polémicas decisiones y una firmeza implacable contra quien considera sus enemigos.
El joven empresario tomó las riendas del país cuando la violencia del crimen organizado ya se había disparado a niveles sin precedentes, hasta hacer de Ecuador el país con la mayor tasa de homicidios de Latinoamérica en 2023, al registrar 47,2 por cada 100.000 habitantes, ocho veces más que 2016.
Mientras, el déficit fiscal había saltado hasta cerca del 5 % del producto interior bruto (PIB) con un agujero de unos 4.800 millones de dólares, a la vez que habían comenzado a registrarse apagones programados por no poder abastecer la demanda nacional de electricidad en momentos de déficit hídrico.
«Guerra» al crimen organizado
El 9 de enero se produjo una ola de actos violentos cometidos atribuidos a las bandas criminales, que incluyeron motines simultáneos en diversas cárceles con unos 200 rehenes y el asalto de un grupo de encapuchados armados al canal TC Televisión durante una emisión en directo.
El pánico se apoderó de Ecuador ese día, y Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», una suerte de declaración de guerra interna contra las bandas criminales, para lo que dictó una serie de estados de excepción donde, entre otras medidas, militarizó las cárceles que controlaban estas estructuras criminales.
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Detrás de un mensaje de «mano dura» contra la criminalidad, se acumulan serias denuncias de violaciones a los derechos humanos como una quincena de presuntas ejecuciones extrajudiciales y más de 100 personas abatidas por la Policía como presuntos delincuentes.
Las cifras oficiales muestran que los homicidios han bajado en un 18 %, pero todavía son recurrentes las denuncias de extorsiones, secuestros y asesinatos contra autoridades municipales, fiscales y funcionarios de prisiones.
«Asalto» a México
El 5 de abril, Noboa ordenó asaltar la Embajada de México, en Quito, para detener a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa (2007-2017) condenado por corrupción y al que el Gobierno del entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador había concedido asilo como perseguido político.
Esto derivó en un litigio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya entre México y Ecuador, y el rompimiento de relaciones de México, Venezuela y Nicaragua con Ecuador.
Así, en la Cumbre Iberoamericana celebrada entre el 14 y 15 de noviembre en Cuenca (Ecuador) hubo por primera vez tres sillas vacías, correspondientes a esos tres países, y por primera vez también, aunque por diversos motivos, tampoco se presentó en este foro ningún presidente de América Latina, excepto el anfitrión.
Vicepresidenta suspendida
Noboa también se ha enfrentado a su vicepresidenta Verónica Abad. El distanciamiento comenzó durante las elecciones de 2023 y quedó evidenciado cuando, en una de sus primeras decisiones, la envió como embajadora a Israel, lo que agudizó el enfrentamiento.
Abad ha acusado a Noboa de liderar un presunto acoso con violencia política de género hacia ella para forzarla a dimitir y así evitar tener que delegarle -conforme contempla la Constitución- las funciones presidenciales durante la campaña electoral de los próximos comicios, en las que el gobernante busca la reelección.
Y Noboa ha señalado a Sebastián Barreiro, hijo de Abad, de presunta corrupción. A ella el Gobierno le ha suspendido por cinco meses al considerar que se ausentó varios días de sus funciones de embajadora, por lo que ha nombrado a Sariha Moya, como «vicepresidenta encargada».
Más apagones
En materia económica firmó un programa crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 4.000 millones de dólares y emprendió reformas impopulares como subir el impuesto al valor agregado (IVA) del 12 % al 15 % y descongelar los precios de las gasolinas más consumidas para reducir los subsidios a los combustibles.
Sin embargo, la economía entró en recesión en el segundo semestre, a lo que desde mediados de septiembre se sumó un nuevo periodo de apagones de hasta 14 horas al día, lo que conlleva unas pérdidas que el sector empresarial estima en más de 3.000 millones de dólares.
Fernando Gimeno
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