Así como gran parte de la población venezolana ha tenido que salir del país debido a la crisis, los funcionarios de seguridad de unen a la larga lista de abandono de cargos y bajas en las instituciones del estado, buscando mejores condiciones de vida en otros países
Los cuerpos de seguridad del país están padeciendo en carne propia, y ahora más que nunca, la falta de personal. La cuota de funcionarios policiales, agentes además de bomberos y de protección civil no se volvió a cubrir en años, según las necesidades estipuladas en códigos internacionales, por número de habitantes.
Ante la crisis económica que azota al país, hombres y mujeres de las Fapet, Cicpc, PNB, Cuerpo de Bomberos, policías municipales y Protección Civil (regional y varios municipales) tienen en sus despachos un gran número de solicitudes de bajas o renuncias, para salir del país.
Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y Chile son los destinos de quienes estuvieron encargados de la seguridad de los venezolanos, se estima que entre 1500 y 2000 agentes abandonaron sus cargos luego de la temporada decembrina; unos simplemente no se presentaron más, otros cumplieron con la renuncia.
Sobre las mesas de los despachos de los cuerpos de seguridad en el estado Trujillo figuran al menos 389 solicitudes de bajas o renuncias. Investigaciones sobre la emigración sitúa en los dos primeros lugares a las Fuerzas Armadas Policiales del estado Trujillo (Fapet) con al menos 140 bajas y al Cicpc con otras 100 solicitudes.
Miembros de la GNB y Guarnición Militar tienen una condición más complicada, puesto que las renuncias no las aceptan desde el año pasado; quién decide marcharse se convierte en desertor y ello está penado por tribunal militar, por lo tanto la decisión de abandonar la vida castrense, debe estar acompañada de la salida del país, de lo contrario le espera la prisión. La estimación de deserción para del estado, sería 50 militares.
En orden descendente se encuentra el Cuerpo de Bomberos del estado Trujillo, con aproximadamente 40 renuncias. La PNB que sufrió por lo menos 20 bajas este año; Protección Civil regional, por lo menos 9. A ello se le suma la desactivación de la Policía Municipal de La Ceiba en el mes de enero pasado, la nómina no llegaba a 30 oficiales y se presume que la mitad no ingresó a la PNB, tal como indicaba la resolución ministerial, por decisiones propias.
Para la fecha solo quedan activas en el estado Trujillo, las policías municipales de Sucre (Sabana de Mendoza) y Boconó. De igual manera hay atención de Protección Civil municipal en Trujillo, Carache, Valera, San Rafael de Carvajal, Pampán, Rafael Rangel, Urdaneta, Motatán, Escuque, Campo Elías y Boconó; el abandono de los puestos de trabajo en esas instancias es una cifra desconocida, la mayor parte de los miembros inician como voluntarios, y en estos tiempos son muy pocos los que aceptan esas condiciones; de allí el margen de 30 bajas más con relación al estimado de la cifra regional presentada.
Pero no está de más afirmar que hay personas con un gran compromiso por permanecer en las labores de seguridad, dentro de los organismos regionales; hombres y mujeres que estudiaron para ser oficiales y funcionarios y tienen la vocación clara y definida sobre lo que quieren hacer, y es por ello que ante falta de presupuesto, sueldos bajos y condiciones difíciles de trabajo, permanecen allí “dando la batalla”. Para que el compromiso se compense económicamente de otra forma, la mayoría se dedicó al comercio, producción agrícola, artesanal, entre otros.
Abandono de cargo
El mayor agravante en el tema de bajas en los cuerpos de seguridad, es que las prestaciones sociales las están negando; las instituciones no aceptan la renuncia de los oficiales sino que dejan que desistan de sus labores y las justifican con ausencia por dos días seguidos, por lo cual el proceso administrativo no es renuncia sino abandono de cargo. Al parecer es un “crimen” contra los que desean dejar la institución porque no les alcanza el sueldo sino para un producto de la cesta básica, y a cambio lo que acumularon en prestaciones por años, va a parar a bolsillos de terceros.