Tribunales niegan defensa privada a detenidos en protestas tras comicios del 28j

Representantes del Foro Penal indicaron que los detenidos tras las protestas del 29 y 30 de julio, no han tenido contacto con sus familiares y tampoco acceso a la defensa privada. 

Foto: M.Bolívar

 

Equipo de Corresponsales Crónica Uno

Regionales. Negación del acceso a la defensa privada y hostigamiento por parte de autoridades es el panorama que enfrentan los detenidos durante las protestas de los días 29 y 30 de julio y los periodistas que dieron cobertura a las mismas, tras el anunció por parte del Consejo Nacional Electoral que declaró a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones del 28j.

Zuleima Siso, representante de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Aragua, informó que hay al menos 60 detenidos en la entidad de los cuales la organización defiende a 40 ciudadanos. Sin embargo, a estos no les permiten representarlos en el Palacio de Justicia.

“No se dio la audiencia de los que tenían que ser presentados el miércoles. Ya pasó el tiempo del debido proceso, tienen más de 48 horas privados de libertad”, comenta Siso.

Desalojados en Anzoátegui

En la sede tribunalicia de Anzoátegui se encuentran al menos, 52 privados de libertad y siete de ellos son menores de edad. Hasta ahora no les han permitido comunicarse con sus familiares y tampoco con sus abogados privados.

Arelys Ayala, coordinadora regional del Foro Penal en Anzoátegui, dijo que a la totalidad de los detenidos se les designó un defensor público con competencia en terrorismo.

Audiencias on line

En Miranda, fuentes judiciales informaron extraoficialmente a Crónica.Uno que los 26 detenidos por las protestas de los días 29 y 30 de julio en Guarenas, fueron presentados al juez de guardia en el Circuito Judicial Penal del Estado Miranda y éste los remitió al Tribunal Segundo de Control Nacional con competencia en terrorismo, con sede en Caracas y cuyas audiencias de presentación se realizaron vía online.

El fiscal de guardia me informó que siguen instrucciones del fiscal Tarek William Saab, de imputarles a todos los detenidos los delitos de terrorismo y asociación para delinquir”, dijo la fuente quién añadió que a ninguno de los detenidos se les permite el acceso a la defensa privada.

Comunicador en riesgo

El pasado 30 de julio, se hizo pública la orden de aprehensión emitida por el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadal y Municipal en funciones, contra Pedro Lucas Rodríguez Carreño, reportero gráfico y comunicador popular en Sucre, por el presunto delito de incitación al odio.

Sobre el caso, las autoridades regionales no emitieron declaración alguna. Sin embargo, el Colegio Nacional de Periodista CNP, seccional Caracas, publicó en su cuenta en la red social X, la imagen de la orden de captura, para señalar que este delito es usado como comodín para arremeter contra trabajadores de la prensa, acompañado de la etiqueta #InformarNoEsUnDelito.

En la entidad se cuentan 26 detenidos por las manifestaciones, de los cuales 12 son menores de edad.

Sobre el asedio a los periodistas, el CNP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP, informaron sobre el hostigamiento a los trabajadores de la prensa.

El SNTP, indicó que hasta el 30 de julio han documentado 40 incidentes relacionados con ataques a periodistas y reporteros gráficos. Destacaron que siguen detenidos los periodistas Paul León y Yousner Leomar Alvarado Medina.

Las autoridades venezolanas han intensificado las restricciones a la prensa en el contexto de las protestas contra la falta de transparencia en la emisión de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado”, indicó el SNTP.

Testigos y deliverys en Bolívar

En Ciudad Guayana, estado Bolívar, se han registrado al menos 14 detenciones desde el pasado 30 de julio. Las primeras tres aprehensiones se dieron en San Félix, luego de protestas en reclamo al CNE para que muestre las actas del proceso del 28 de julio.

La noche del 31 de julio se realizaron otras 11 detenciones: Roy Gómez, Anthony Salmerón, un joven de 17 años, Honnyel Pereira, José Quevedo, Aixa Boada, Ángelo Fajardo, Ramón Bolívar, Juan Carlos Lugo, Anthony Pérez y Loudwyn Bermudez. Entre ellos hay jóvenes que hacían servicio de mototaxis o delivery cuando fueron detenidos. Aixa Boada fue testigo electoral en un centro de votación de Puerto Ordaz.

Colectivos hacen detenciones

17 de las 22 personas detenidas en Mérida fueron presentadas el 30 de julio ante tribunales en el Circuito Judicial Penal del estado, según el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, ODH-ULA.

Fernando Cermeño coordinador del Foro Penal en Mérida, indicó que el pasado 31 de julio que los más de 30 detenidos, la mayoría menores de edad, son juzgados por un Tribunal Antiterrorismo radicado en Caracas de forma telemática y son imputados por los delitos de: Terrorismo, Instigación, Obstaculización de la vía pública y Resistencia a la autoridad.

Tachirense detenido convulsionó

Las diversas protestas registradas desde el pasado lunes en Táchira, dejaron 36 personas detenidas. Entre ellas el joven Wilmer Javier Guerrero Ortiz, quien fue brutalmente golpeado por organismos de seguridad.

Yoleida Guerrero, madre del jóven, relató que su hijo estaba en horas de la noche del 29 de julio en la avenida Rotaria, San Cristóbal, en compañía de sus vecinos tocando cacerolas, cuando fue aprehendido por efectivos de la Guardia Nacional, quienes lo trasladaron hasta el Zonal 21.

Según los familiares, allí habría recibido una fuerte golpiza que le originó una convulsión. Es por ello que fue enviado hasta el Hospital del Seguro Social para recibir atención médica, sin embargo, por órdenes militares fue llevado nuevamente a dicho ente militar.

“Con un cacerolazo no van a matar a nadie”, dijo Guerrero. Hasta la fecha, familiares indicaron, que no saben sobre el paradero de Wilmer ni mucho menos de su estado de salud.

Despedida

Familiares de Victor Bustos, de 34 años, se reunieron para darle el último adiós, tras recibir un impacto de bala, cuando se encontraba en las protestas realizadas cerca de la estación de servicio Santa Ana en Naguanagua.

La Cámara de Comercio de Valencia estimó que 80 % de los negocios están cerrados, exceptuando los que ofrecen servicios de salud y alimentación. Además, las grandes tiendas por departamento mantienen sus puertas abiertas, pero sin compradores.

 

 

 

 

 

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