Ciudad de Guatemala, 29 nov (EFE).- El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala acató este viernes la orden de un juez penal y canceló al partido político Movimiento Semilla, que llevó al poder al presidente, Bernardo Arévalo de León.
El registro informó por medio de una resolución que decidió “cancelar la personalidad jurídica” del Movimiento Semilla a petición del juez penal Fredy Orellana que ordenó la cancelación definitiva de esta agrupación este jueves.
La resolución llega debido a un proceso judicial contra el partido oficial promulgado por el Ministerio Público (Fiscalía) que desde 2023 mantiene una persecución contra Arévalo de León y las principales figuras de Semilla por haber ganado de forma sorpresiva las elecciones pasadas.
“Hicieron una ridícula e ilegal acción para cancelar al Movimiento Semilla y mantener el atraso antidemocrático vigente en Guatemala”, declaró la diputada oficialista Andrea Reyes, durante una conferencia de prensa en el Organismo Legislativo, tras la decisión de cancelar al partido.
Reyes agregó que por medio de dos amparos presentados buscarán dejar sin validez la cancelación del Movimiento Semilla y aseguró que “les molesta que bajo el estatus suspendido del partido hemos logrado promover y legislar cambios para el país”.
Los amparos fueron presentados ante el Tribunal Supremo Electoral y este ente debe emitir una resolución en un plazo no establecido, detalló la bancada oficialista.
Samuel Pérez, diputado y líder de la bancada Semilla, anunció que denunciaran penalmente al juez Fredy Orellana por haber emitido una orden de cancelación que no está establecida dentro de sus funciones.
La cancelación del partido llegó 78 horas después de que el Congreso de la República reformó el artículo 82 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, norma legal que se había utilizado para mantener la suspensión de Semilla.
El presidente Arévalo de León no ha emitido su postura sobre el tema. Sin embargo, una fuente del Ejecutivo informó a EFE que próximamente citará a la fiscal general, Consuelo Porras, para discutir sobre su papel frente a la Fiscalía.
Porras y la cúpula del Ministerio Público, al igual que el juez Orellana, se encuentran sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, que consideran “antidemocráticos” los ataques contra el partido oficial y los intentos por anular los resultados electorales de 2023.
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