Bogotá, 19 dic (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó este viernes a 20 años de prisión al coronel retirado del Ejército colombiano Publio Hernán Mejía al hallarlo penalmente responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad por 72 asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate en el norte del país.
En la sentencia, la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP señala que resolvió «condenar al coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez a la sanción ordinaria de veinte (20) años de privación efectiva de la libertad».
Mejía fue comandante del Batallón de Artillería La Popa, con sede en Valledupar, capital del departamento del Cesar, varios de cuyos antiguos integrantes están involucrados en asesinatos de civiles presentados luego como guerrilleros muertos en combate para obtener beneficios y premios de sus superiores, una política conocida como ‘falsos positivos’.
Esta es la primera vez que la JEP impone una condena de este tipo a un alto mando del Ejército.
La sentencia, de 1.149 páginas, se dictó porque Mejía no aceptó su responsabilidad por los crímenes cometidos cuando comandó el Batallón La Popa, lo que llevó al tribunal a someterlo a un juicio ordinario, en lugar de las sanciones alternativas previstas para quienes reconocen los hechos.
La JEP emitió una orden de captura contra el exmilitar y le denegó beneficios como «la prisión domiciliaria o cualquier sanción alternativa», además de prohibirle su salida del país sin autorización judicial.
De acuerdo con el fallo, Mejía fue declarado responsable de asesinar y hacer desaparecer civiles entre 2002 y 2005 en los departamentos caribeños del Cesar y La Guajira.
Los ‘falsos positivos’, uno de los episodios más graves del conflicto armado y considerados crímenes de guerra y de lesa humanidad, dejaron al menos 6.402 personas asesinadas, según los registros de la JEP.
El tribunal atribuyó a Mejía responsabilidad por decenas de homicidios y desapariciones forzadas, crímenes que hicieron parte de patrones de macrocriminalidad, entre ellos una alianza entre unidades militares bajo su mando y grupos paramilitares, así como ejecuciones de personas en situación de vulnerabilidad.
Un juicio inédito en la JEP
El proceso contra Mejía fue el primer juicio adversarial abierto por la JEP contra un miembro de la fuerza pública que se negó a aceptar los cargos formulados por este tribunal.
A diferencia de otros exmilitares que en el mismo caso aceptaron su responsabilidad y recibieron sanciones de carácter restaurativo, es decir, sin cárcel, el coronel retirado se negó a hacerlo, lo que lo expuso a la pena máxima de hasta 20 años de prisión.
El juicio comenzó en septiembre de 2024 en Valledupar, bajo la conducción de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), el órgano de la JEP que actúa como fiscalía y que desde el inicio pidió la condena máxima.
Según la acusación, Mejía ideó y ejecutó un plan criminal para asesinar civiles y presentarlos como bajas en combate, con el objetivo de inflar resultados operacionales y proyectar una imagen de eficacia militar.
Entre las víctimas hubo campesinos, personas en situación de vulnerabilidad, menores de edad e integrantes del pueblo indígena kankuamo.
Durante el proceso, Mejía, uno de los militares más condecorados del país, negó su responsabilidad y afirmó que era un «soldado de honor», postura que fue rechazada por la UIA y por las organizaciones de víctimas.
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