Hace 19 años Venezuela se tiñó de rojo. El 11 de abril de 2002 diecinueve personas murieron en un sangriento hecho que tuvo como lamentables protagonistas a gente inocente que marchaba para evitar una crisis que en ese momento ya se veía venir, a unos pistoleros oficialistas y a nueve funcionarios de la Policía Metropolitana, los únicos culpables según la justicia chavista.
Casi dos décadas después de uno de los episodios más oscuros de la historia venezolana, tres de esos policías continúan recluidos en el Centro Nacional de Procesados Militares, la conocida cárcel de Ramo Verde, en Los Teques, pese a que la ley les otorga derechos procesales desde 2007, desconocidos hasta ahora por las autoridades judiciales.
Chávez lo ordenó y se cumplió. Los nueve funcionarios fueron sentenciados aún en contra de las evidencias que los exoneraban de responsabilidades. Cuatro de ellos hoy están en sus casas aquejados por graves patologías. Otros dos ya cumplieron de manera íntegra sus condenas a 16 años y 8 meses y 17 años y 10 meses, respectivamente.
Pero aún quedan tres funcionarios recluidos en el Centro Nacional de Procesados Militares, la conocida cárcel de Ramo Verde, en Los Teques. Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Rovaín fueron condenados a 30 años de prisión. Los dos primeros nunca dispararon sus armas de reglamento. El calibre de las balas del armamento de Héctor Rovaín no coincidió con las localizadas en los cadáveres de las únicas dos personas por las que se efectuó un juicio en ese caso.
Alexis Rovaín lo recuerda con claridad. El 11 de abril marcó la vida de toda su familia. Sus padres murieron mientras su hermano Héctor estaba en prisión. “El no pudo despedirse”.
Los días de los integrantes de la familia Rovaín debieron compartirse con las jornadas de visita en la cárcel, para acompañar al inspector Héctor Rovaín, condenado a 30 años de prisión por la jueza Maryorie Calderón. Ella lo sentenció a él, a Molina y a Bolívar por homicidio calificado frustrado en grado de corresponsabilidad correspectiva, en cumplimiento de la orden dada por Hugo Chávez que Eladio Aponte Aponte y Luisa Ortega Díaz se encargaron de transmitirle con contudencia.
Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas, Julio Rodríguez, Héctor Rovaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar fueron condenados a 30 años de prisión por la hoy presidenta de la Sala de Casación Social. A Marco Hurtado y Arube Pérez los sentenció a 16 años y 8 meses y 17 años y 10 meses de prisión. Los cuatro primeros están en libertad por medidas humanitarias. Hurtado y Pérez ya cumplieron íntegramente sus sentencias.
Rovaín, Molina y Bolívar siguen en Ramo Verde, sin que hasta los momentos haya sido escuchado el clamor de sus familiares por el otorgamiento de medidas alternativas al cumplimiento de la pena, que están vencidas desde el año 2007, recuerda Alexis Rovaín. Ya perdió la cuenta de las veces que han insistido ante la actual jueza del caso, Ada Marina Armas, para lograr esos beneficios procesales.
Para Alexis no es justo que su hermano tenga que pagar una condena de 30 años por un delito que no cometió. “Ya lo sentenciaron siendo inocente y eso no tiene vuelta atrás. Lo que si pueden hacer para revertir tanta injusticia es otorgarle las medidas alternativas al cumplimiento de la pena, que es un derecho contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal. No lo hagan cumplir la sentencia completa, eso es una injusticia enorme”.
Pero, si la justicia no se impone en este caso, los tres se convertirán en los únicos presos en este país en cumplir íntegramente la máxima pena que contemplan nuestras leyes.
María Bolívar reza cada día porque eso no suceda. La tía del agente Erasmo Bolívar ha sido uno de sus principales apoyos desde que el funcionario decidió ponerse a derecho el 3 de abril de 2003. “Sabíamos que era inocente, confiábamos en que la ley lo demostraría y lo devolverían a nuestra casa, pero eso no ocurrió”.
María recuerda como fueron los días durante aquel juicio, el más largo de la historia venezolana. «Debimos esperar tres años para el inicio del juicio y luego, durante otros tres años, viajar de La Guaira a Maracay. No teníamos dinero para movilizarnos por lo que debimos recurrir a mucha ayuda”.
Tras la sentencia, que condenó a su sobrino a 30 años de cárcel, María se derrumbó, pero debió seguir adelante pues era el soporte para Erasmo. “Estos años han sido durísimos, ahora debo viajar a Los Teques. Es un gasto semanal que debo afrontar y cada día la situación está más difícil”.
Por eso, como cada vez que puede, María pide a las autoridades que le otorguen a su sobrino y a sus compañeros las medidas alternativas al cumplimiento de la pena. Ella pregona la inocencia de Erasmo, pero a estas alturas argumenta que el tiempo de demostrarla pasó y quedó claro que no hicieron nada. Ahora sabe que ya la pena la cumplieron. “Son 18 años de prisión, ¿no les parece suficiente castigo?”
A Luis Molina lo esperan dos hijas en casa. Ambas crecieron visitándolo en la cárcel, pero hoy, cansadas de esta historia, insisten como los otros familiares en el otorgamiento de los derechos procesales para su papá.
Las medidas vencidas
La sentencia de Maryorie Calderón contra los PM incluyó la fecha en la que los condenados podrían comenzar a disfrutar de las medidas alternativas al cumplimiento de la pena, todas desde el año 2007.
Son cuatro las medidas alternativas al cumplimiento de la pena establecidas en el COPP. El destacamento de trabajo permite al recluso salir a trabajar y regresar al centro de reclusión cada noche. Puede recibir este beneficio cuando tenga la mitad de la pena cumplida.
En el régimen abierto se envía al recluso a un centro de tratamiento comunitario, donde trabaja y pernocta de lunes a jueves, y viernes, sábado y domingo duerme en su casa. Se otorga a partir de los dos tercios de la pena impuesta.
La libertad condicional establece medidas de presentación periódicas ante el tribunal y de ella se goza a partir de las tres cuartas partes de la pena.
El confinamiento permite al recluso vivir a 120 kilómetros del lugar donde ocurrieron los hechos. En la última reforma del COPP se eliminó el confinamiento, pero los PM fueron juzgados con el código anterior, por lo tanto preservan sus derechos.
Todos los funcionarios de la PM aún presos en Ramo Verde tienen derecho a destacamentos de trabajo.
En simultáneo, los policías metropolitanos están amparados por la Ley de Redención Judicial de la pena que conmuta un día en prisión por cada dos días estudiados o trabajados. El tiempo así redimido se les contará también para la suspensión condicional de la pena y para las fórmulas alternativas de cumplimiento de ésta.
Hoy, cuando ya cumplen más de un año sin poder compartir con sus seres queridos, debido a que en Ramo Verde están totalmente prohibidas las visitas desde el inicio de la pandemia, cobra más importancia el respeto a la legalidad.
Ya no se trata de si son inocentes o no, ellos lo son, aseguran Alexis y María. Es imprescindible el cumplimiento de la ley, que les otorga los derechos procesales contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal. Por eso este 11 de abril de 2021, claman por la libertad de Héctor Rovaín, Luis Molina y Erasmo